La nueva televisión valenciana nace con polémica por la selección de personal

Empar Marco, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y varios miembros del Gobierno valenciano en la presentación de la nueva marca
Empar Marco, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y varios miembros del Gobierno valenciano en la presentación de la nueva marca

Un baremo que prima a los trabajadores de la extinta RTVV o Canal 9 sobre los demás provoca las críticas de
periodistas, recién licenciados y estudiantes. La Unió de Periodistes recurrirá las bolsas de trabajo para más de 460 empleos por considerar que la valoración a los exempleados es "excesiva" y "excluyente" para el resto de aspirantes

La ansiada reapertura de la radio y televisión públicas valencianas está teniendo más problemas para arrancar de los que el Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra y las Corts Valencianes quisieran. El inicio de À Punt -como se ha bautizado el nuevo ente- lleva prácticamente dos años gestándose y a cada paso que da tropieza con un bache. El último ha sido el de la contratación de la futura plantilla. Las prisas para poner en marcha À Punt antes de que se acabe la legislatura han provocado que el Consejo Rector -una especie de consejo de administración del ente elegido por los partidos de las Corts según la representación parlamentaria- y la flamante directora general, Empar Marco, hayan optado por la figura legal de la bolsa de trabajo de méritos para la contratación de las más de 460 personas de la nueva plantilla.

Estas bolsas de trabajo contemplan un baremo que prima a los extrabajadores de la RTVV que cerró el PP de Alberto Fabra en 2013 frente a los demás aspirantes. A saber: un empleado que haya entrado en Canal 9 desde su fundación en 1989 y haya pasado un proceso de selección consigue sólo con la experiencia hasta 26 puntos de 50 el el proceso de méritos. Esta manera de puntuar ha supuesto una barrera para las nuevas generaciones y los trabajadores del sector privado que en las primeras listas provisionales de las bolsas han quedado los últimos. Los primeros puestos -los de salida que darán acceso a trabajar en el nuevo ente- han sido copados por los trabajadores más veteranos.

La Unió de Periodistes prepara un recurso

Estas bolsas han soliviantado a la Unió de Periodistes Valencians -organización profesional de referencia en la Comunitat Valenciana- que prepara un recurso contencioso-administrativo para tumbar la baremación. En las manos de la organización está solicitar la paralización cautelar, que podría frenar el inicio de la contratación de la plantilla unos dos años si no se llega a un acuerdo.

La directora general, Empar Marco, defiende que el baremo es absolutamente legal porque lo contempla la ley de creación de À Punt y ha sido pactado con los sindicatos. Por su parte, la Unió de Periodistes no se opone a que los extrabajadores tengan una mínima ventaja, pero no una puntuación “excluyente” que de facto deja fuera a cualquier aspirante que no haya prestado sus servicios anteriormente en un ente público que cerró con más de 1.600 trabajadores.

Empar Marco, directora general de À Punt
Empar Marco, directora general de À Punt

Los sindicatos han conseguido una victoria pese al varapalo de la Audiencia Nacional que falló en enero de este año que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción de la antigua RTVV fue legal. Es decir, que los despidos fueron bien realizados con las indemnizaciones correspondientes y que no generaban ningún derecho sobre el nuevo ente.

Los representantes de los trabajadores pretendían que la nueva televisión recuperara a la plantilla anterior. No ha podido ser así, pero con el baremo han conseguido que prácticamente la totalidad de la nueva plantilla esté formada por extrabajadores, lo que ha puesto en pie de guerra a las nuevas generaciones y a los empleados de otras empresas que pretendían tener opciones a entrar en el ente público.

La directora de la nueva televisión ha anunciado que pretende iniciar las emisiones en el primer trimestre del año que viene. Los recursos judiciales podrían retrasar sus intenciones.

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