Alarma en las cadenas de radio y TV por las nuevas medidas sancionadoras
Por su interés reproducimos el artículo de Mariví Casanueva que publica hoy El Mundo: El régimen sancionador previsto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la reforma audiovisual -incluida la revocación de la licencia si se acumulan tres faltas graves en un mismo año- ha sembrado la alarma en las grandes cadenas de radio y televisión privadas.
La dureza de las sanciones se ve agravada por la inclusión en la norma de medidas provisionales como la suspensión de un canal o un programa o el cierre de la actividad. Todos los afectados estudian con lupa la Ley Audiovisual y algunos juristas detectan ya en el borrador «vicios de inconstitucionalidad».
«Estamos muy preocupados. Con esta ley toda la televisión dependerá del Gobierno, aunque deje de ser un servicio público», aseguran en una de las grandes cadenas. «El Consejo Audiovisual será un arma de presión en manos del Gobierno y del Parlamento, por el poder que va tener», afirman en otra. «Ningún consejero delegado de una compañía que cotiza en Bolsa puede soportar el cierre, aunque sea por un día, y esa presión es suficiente para cercenar la libertad de expresión» resume un alto ejecutivo de televisión.
Las radios privadas, agrupadas en la AERC, también han mostrado su «inquietud» por el régimen sancionador y confían en la posibilidad de modificarlo durante el proceso de tramitación de la ley en el Parlamento. Algunos grupos ya han transmitido su preocupación al Gobierno, en el curso de las reuniones que ha venido manteniendo con el sector audiovisual para cerrar la reforma en marcha.
Los juristas están estudiando con mucha atención los borradores de la Ley Audiovisual y de la que crea y regula el Consejo Audiovisual.De la primera lectura algunos de los expertos consultados sostienen que «el marco diseñado por el Gobierno somete a los medios a tal nivel de presión que, por el sólo hecho de existir, puede ser inconstitucional». «Un régimen sancionador debe estar tipificado de manera objetiva. En este borrador se incumple el principio de tipificidad o de objetividad», concluyen.
«Quien te da una concesión te la puede retirar», reconoce otro abogado, «pero tiene que ser objetivo y en la nueva ley se introduce un alto grado de subjetividad». Mucho más gráfico, añade: «Si se crea un arma letal hay que ponerla en manos de profesionales, de lo contrario puede desencadenarse una catástrofe. Y si se pone en manos de los políticos la utilizarán políticamente».
El borrador de la futura Ley Audiovisual amplía el catálogo de las infracciones y endurece de manera severa las consiguientes sanciones, que pueden ir desde una multa no excesivamente gravosa hasta la revocación de la licencia de la radio o de la televisión correspondiente, cuando hayan acumulado tres faltas muy graves en un año.
Tendrán carácter de infracción muy grave, entre otras, el incumplimiento del régimen de incompatibilidades; no respetar las obligaciones en defensa del «pluralismo»; no habilitar las funciones de bloqueo para menores; la emisión de contenidos que puedan violar los derechos humanos o perjudicar a los menores; no informar objetivamente, no separar la información de la opinión o no informar sobre la programación.
Las sanciones previstas para las faltas muy graves van desde las multas económicas (entre 500.000 y un millón de euros) a la revocación de la licencia, la suspensión temporal del servicio hasta un máximo de tres días, o una multa, que puede alcanzar los 3.000 euros por cada día de incumplimiento.
Medidas provisionales
Grave consideran también las cadenas de radio y televisión, «por la indefensión que supone», la regulación de medidas provisionales previas a la resolución de un procedimiento de infracción. De aprobarse la ley en sus actuales términos, se podrá suspender de manera temporal la edición o difusión de un canal, un programa o un espacio publicitario.
La autoridad supervisora también tendrá potestad para precintar equipos y aparatos, obligar a la cadena de radio o televisión a advertir a su audiencia de la sanción y, finalmente, proceder al cierre total de la actividad de la compañía.
Como positivo de la reforma, los medios destacan la renovación automática de las licencias, aunque sea con la espada de Damócles de las sanciones siempre amenazante. Además del supuesto de tres faltas en un año, será motivo de revocación de la licencia el haber sido condenado en tres ocasiones por violar algún derecho fundamental. A la hora de la renovación, para los concesionarios resulta igual de preocupante la inclusión en la nueva ley de criterios eminentemente subjetivos como « en qué forma queda afectada la diversidad de medios y su pluralidad».
