Futuro TV pública Bruselas insta a España a que las actividades comerciales de RTVE no se beneficien de la garantía pública

La investigación comunitaria arranca en las quejas que Telecinco y Antena 3 elevaron a la Comisión Europea entre 1992 y 1994

La Comisión Europea ha instado recientemente al Gobierno español a que las actividades comerciales del Grupo Radiotelevisión Española (RTVE) no se beneficien del mecanismo de garantía pública, según informó una fuente comunitaria.

El Ejecutivo comunitario y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero negocian en los últimos meses sobre el futuro de RTVE a la espera de que el 'comité de sabios' nombrado por el Ejecutivo socialista exponga sus conclusiones sobre el grupo a comienzos de 2005.

Bruselas envió el pasado 11 de junio una carta a Madrid en la que expuso cinco reclamaciones: la eliminación de la exención de impuestos, que haya una contabilidad separada entre la radio y la televisión, que exista un mecanismo para limitar la financiación a lo que es estrictamente necesario, una mayor claridad sobre las aplicaciones que se hacen para las transacciones dentro del grupo y la modificación la garantía ilimitada con la que el Estado avala a RTVE.

El Gobierno español respondió que estaba dispuesto a respetar las recomendaciones de Bruselas "en la totalidad de los puntos", apuntó la citada fuente. Si bien, Madrid puntualizó que cualquier cambio en RTVE sólo se llevará a cabo cuando el grupo de expertos presente su informe de conclusiones, es decir, en 2005.

El Ejecutivo comunitario reclama ahora "precisiones" sobre la garantía pública. En su opinión, "se puede mantener la garantía para el sector público, pero hay que filiar las actividades comerciales para que éstas no se puedan beneficiar de la garantía ilimitada".

Por ello, hace hincapié a España en que tiene que clarificar el método por el que se establece el precio de transferencia entre la sociedad madre y las filiales comerciales. "El precio de las transacciones comerciales sigue siendo ambiguo. No tiene (RTVE) entidades comerciales separadas", justificó la citada fuente.

"La BBC es el ejemplo, es decir, RTVE tiene que crear entidades comerciales distintas. Los españoles quieren establecer líneas directrices para cubrir todas estas cuestiones y fijar ciertas reglas, pero estas líneas se tienen que hacer en estrecha colaboración con los servicios de la Comisión Europea", añadió.

Bruselas reclamó en octubre de 2003 a España que reforme la garantía ilimitada de la que se beneficia RTVE, al considerar que vulneraba la normativa europea sobre ayudas de Estado y que suponía una competencia desleal con respecto a otras cadenas televisivas.

El aval público ilimitado del que se beneficia RTVE supone una garantía de solvencia frente a los acreedores y evita la quiebra del grupo. Los servicios de Competencia de la CE detectaron que este aval público ilimitado supera los costes netos de la prestación del servicio público por parte del Ente.

Bruselas reclamó ya entonces al Gobierno que adaptase las finanzas a lo establecido en la comunicación sobre Radiodifusión y la directiva sobre transparencia en empresas que prestan servicios públicos. Estas normas europeas disponen que la empresa en cuestión distinga nítidamente, ya sea en su contabilidad o en su estructura, entre las actividades que realiza como servicio público y las que tienen carácter comercial.

El comisario europeo de Competencia, Mario Monti, no puso, sin embargo, objeciones a las subvenciones directas que el Estado transfiere a RTVE, al considerar, en este caso, sí que compensan sin sobrepasar el coste de servicio público.


QUEJAS DE T5 Y A3

La investigación comunitaria sobre el Grupo RTVE arranca en las quejas que Telecinco y Antena 3 elevaron a la Comisión Europea entre 1992 y 1994, cuando censuraron que la doble financiación pública y privada de las cadenas estatales y autonómicas españolas, violaba las reglas de libre competencia.

Durante varios años, el entonces comisario de Competencia, Karel VanMiert, ignoró las quejas. Pero a raíz de una denuncia de Telecinco, el Tribunal de Justicia de la UE sentenció, en septiembre de 1998, que el Ejecutivo comunitario debía investigar formalmente el caso. En febrero de 1999, la Comisión abrió diligencias mediante una petición formal de información al Gobierno.

La Comisión Europea ya se pronunció en contra de otras garantías estatales ilimitadas a empresas públicas como en el caso de la compañía energética francesa Electricité de France. Al igual que en este ejemplo, Bruselas no podrá exigir el reembolso del beneficio financiero que supone el aval a RTVE, ya que se trata de una medida adoptada legalmente antes de la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea en 1986.

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