Comisión Europea Bruselas abre otro expediente a España por financiación de TVE

Por obligar a operadoras telefonía a contribuir con el 0.9 de sus ingresos

La Comisión Europea abrió hoy un segundo expediente a España por la tasa que ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones para financiar Radio Televisión Española (RTVE) y compensar así la supresión de la publicidad.

Bruselas considera que esta tasa es incompatible con la legislación comunitaria sobre telecomunicaciones y perjudica indebidamente a los operadores, limitando las inversiones en nuevas redes y afectando negativamente a los clientes.

"A la Comisión le preocupa que este nuevo gravamen sobre los operadores de telecomunicaciones pueda ser incompatible con las normas de la UE. Esta aportación parece afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes", dijo la comisaria de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, en un comunicado.

Se trata del segundo procedimiento que lanza Bruselas contra el nuevo modelo de financiación de RTVE. El pasado mes de diciembre, el Ejecutivo comunitario ya abrió una investigación en profundidad por considerar que este modelo vulnera además las normas de la UE sobre ayudas públicas. De hecho, Bruselas cree que esta tasa podría constituir un "subsidio ilegal" para RTVE.

Ambas investigaciones continuarán ahora "en paralelo", según explicó el portavoz de Telecomunicaciones, Jonathan Todd. La Comisión también ha abierto dos expedientes contra el modelo de financiación de la televisión pública en Francia, en el que se inspira el español.

El nuevo modelo, que entró en vigor en septiembre, suprime la publicidad en TVE y obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9 por ciento de sus ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3 por ciento, y a las de pago el 1,5 por ciento.

El Ejecutivo comunitario cree que la tasa que se aplica a los operadores de telefonía "no está relacionada con los costes de regular el sector sino que está relacionada con la ausencia de ingresos publicitarios", según explicó el portavoz.

Seegún las normas sobre telecomunicaciones de la UE, las tasas cobradas a los operadores de telecomunicaciones solo pueden sufragar determinados costes administrativos y de reglamentación (principalmente las autorizaciones y las tareas de regulación) y deben ser objetivas, transparentes y proporcionadas. También se debe consultar oportunamente a las partes interesadas. "A la Comisión le preocupa el hecho de que la nueva tasa podría incumplir estas condiciones", según informó en un comunicado.

La apertura del expediente adopta la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción. El Gobierno tiene ahora un plazo de dos meses para responder a la denuncia de Bruselas. Si los argumentos de España no le convencen, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Archivo de expediente sobre servicio universal

La Comisión también archivó este jueves un expediente contra España después de que este país modificara su legislación para ajustarse a los requisitos de la directiva de servicio universal, sobre todo en materia de financiación.

España también ha convocado una licitación para las prestaciones de servicio de consulta de números de abonado en el ámbito de aplicación del servicio universal y ha puesto en marcha una consulta pública con vistas a una nueva designación de empresas para la prestación del resto del servicio universal (esto es, acceso desde una ubicación fija, teléfonos públicos de pago y guías telefónicas).

En junio de 2007, la Comisión había emprendido acciones contra España en relación con su mecanismo de designación y financiación de los proveedores de servicio universal. Según las normas sobre telecomunicaciones de la UE, los Estados miembros deben cerciorarse de que ningún proveedor quede automáticamente excluido al designar los proveedores del servicio universal. Sin embargo, las autoridades españolas parecían haber excluido al menos a una empresa que había manifestado su interés por prestar un elemento del servicio universal.

Los Estados miembros también pueden conceder a los proveedores del servicio universal compensación por ofrecer estos servicios en caso de que consideren que esto representa una carga injusta para los proveedores y previa petición del operador designado. Sin embargo, la legislación española daba a entender que estos requisitos no eran necesarios antes del establecimiento de un mecanismo financiero.

Con los cambios realizados en la legislación española, Bruselas cree que se resuelven estos problemas y por ello archiva el caso.

El Gobierno "no está preocupado" y defiende su legalidad

El Gobierno "no está preocupado" por el segundo expediente que la Comisión Europea ha abierto contra España por la tasa que ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones para financiar Radio Televisión Española (RTVE) y compensar así la supresión de la publicidad y defiende la legalidad de la Ley de Financiación de la televisión pública española, según informaron a Europa Press fuentes de Vicepresidencia del Gobierno.

En este sentido, afirmaron que al Ejecutivo "no le sorprende" esta actuación porque las operadoras de telecomunicaciones habían presentados alegaciones y la Comisión Europea "tiene que atender a todas las partes". No obstante, advirtieron de que la apertura de este expediente "no supone prejuzgar el resultado final del procedimiento" porque la Ley de Financiación es, a su juicio, "tremendamente respetuosa con la normativa comunitaria".

Por tanto, aseguraron que la Comisión cerrará el expediente informativo "sin mayores consecuencias" porque la ley española se ajusta "perfectamente" a la legalidad y compatibilidad con la normativa de la UE. Además, indicaron que el Gobierno presentará sus alegaciones "con toda normalidad, lo antes posible".

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