Comisión Europea Bruselas cierra su investigación sobre RTVE tras el compromiso del Gobierno de modificar la financiación

Además del caso español, el Ejecutivo comunitario decidió cerrar también las investigaciones sobre las radiotelevisiones públicas francesa e italiana

La Comisión Europea decidió hoy cerrar su investigación sobre ayudas públicas ilegales a Radio Televisión Española (RTVE) tras el compromiso de Gobierno de modificar sus mecanismos de financiación y suprimir la garantía ilimitada de la que goza en la actualidad.

"Las autoridades españolas han aplicado algunas de las recomendaciones (del Ejecutivo comunitario) y han asumido el compromiso firme y preciso de poner en práctica las restantes (es decir, suprimir la garantía ilimitada) antes de que finalice el año 2005", informó la Comisión a través de un comunicado.

A juicio de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, estas medidas introducirán una mayor transparencia y proporcionalidad en los mecanismos de financiación de RTVE, con lo que se evitará cualquier subvención a actividades ajenas a la función de servicio público.

Bruselas pidió en octubre de 2003 a España la eliminación de la garantía ilimitada que hace al Estado responsable último de las deudas de RTVE, al considerar que que su valor supera los costes netos de la prestación del servicio público.

La investigación del Ejecutivo comunitario se inició a raíz de sendas denuncias presentadas por Telecinco y Antena 3 entre 1992 y 1994, en las que alegaban la concesión de ayudas estatales en favor de los operadores públicos españoles de radiodifusión.

La Comisión examinó entonces diversas medidas estatales en favor de RTVE, y concluyó que las subvenciones anuales directas son insuficientes para cubrir los costes netos del servicio público.

No obstante, señaló que la garantía ilimitada constituye una ayuda estatal porque la compensación concedida a través de este régimen no se calcula sobre la base de los costes en los que incurriría una empresa eficiente y supera los del servicio público, que son los únicos autorizados por la legislación comunitaria.

Las exigencias de Bruselas tienen como objetivo que las emisoras públicas y privadas compitan en igualdad de condiciones en mercados tales como la publicidad televisiva. Por ello, la financiación de los entes públicos no deberá exceder el mínimo estrictamente necesario para el buen ejercicio de su misión de servicio público, no favorecerá indebidamente a otras actividades comerciales (con subvenciones cruzadas), y deberá ser transparente.

Además del caso español, el Ejecutivo comunitario decidió cerrar también las investigaciones sobre las radiotelevisiones públicas francesa e italiana tras obtener compromisos de los respectivos Gobiernos.

La comisaria Kroes declaró que estas decisiones demuestran "el planteamiento equilibrado" de la Comisión sobre la financiación de la radiotelevisión pública. "La Comisión y los Estados miembros han trabajado hombro con hombro para asegurar el papel central de la radiodifusión pública, evitando al mismo tiempo innecesarias distorsiones del mercado", concluyó.

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