Bruselas paraliza el sistema de financiación de TVE sin “publi”
La Comisión Europea ha pedido a España que no asigne ninguna financiación a RTVE que proceda de los impuestos introducidos o modificados por la nueva ley de financiación de la corporación hasta que concluya la investigación que abrió a finales de 2009, ya que la normativa podría ser incompatible con el tratado de la Unión Europea.
Por tanto, de momento y hasta que acabe la investigación, RTVE no podrá financiarse con lo aportado por las cadenas privadas en abierto (el 3% de sus ingresos), de pago (el 1,5% de sus ingresos) o las empresas de telecomunicaciones (el 0,9% de los ingresos) ni tampoco con la venta de anuncios, ya que desde el pasado 1 de enero de 2010, no tiene publicidad.
En el Diario Oficial de la Unión Europea publicado el jueves, Bruselas manifiesta que “tiene dudas sobre si los nuevos impuestos forman parte integrante de la medida de ayuda y, en caso afirmativo, si estos impuestos son compatibles con el Tratado”. En este sentido, insta a España a que presente sus comentarios y facilite toda la información pertinente para la evaluación de la ayuda en un plazo de un mes.
Concretamente, Bruselas pide a España que “especifique, en particular, qué ingresos espera que se generen mediante los impuestos introducidos o modificados por la Ley 8/2009 (Ley de Financiación de RTVE) y si existen otros fines para los que pueda utilizarse dichos ingresos”.
Además, la Comisión recuerda al Gobierno que, en caso de que decida recaudar los nuevos impuestos que gravan a las cadenas y las empresas de telecomunicaciones, según el artículo 14 del reglamento de la Comisión Europea 659/1999 del Consejo “toda ayuda ilegal puede recuperarse del beneficiario”, por lo que si finalmente Bruselas fallara en contra de la Ley de Financiación, RTVE tendría que devolver lo ingresado en concepto de esos impuestos.
En el documento publicado ayer, la Comisión Europea distingue entre las ayudas para sufragar las pérdidas de RTVE por la supresión gradual de la publicidad a finales de 2009 y la financiación de la corporación “de 2010 en adelante”, que implica nuevos impuestos a cadenas y empresas de telecomunicaciones.
Así, considera que en el primer caso “es una ayuda existente compatible con el Tratado de la Comisión Europea”, pero, en el segundo caso, “tiene dudas” sobre si “los nuevos impuestos forman parte integrante de la medida de ayuda y, en caso afirmativo, si estos impuestos son compatibles con el Tratado”.
La Comisión “lamenta” que España no notificara la Ley de Financiación de RTVE a Europa antes de su entrada en vigor, ya que, a su juicio, “constituye una ayuda que debe notificarse” tal y como establece el artículo 108, apartado 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Investigada desde diciembre
Bruselas afirmó en diciembre de 2009 que no se oponía a “la modificación del sistema de financiación como tal”, pero puso en duda que “los nuevos gravámenes se atengan a las normas de la UE sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas”.
Así, la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, insistió entonces en que el Ejecutivo comunitario “no pone ninguna objeción a la supresión de anuncios publicitarios en la televisión pública”, pero subrayó que había que “evaluar la manera en qué se financia esta reforma”.
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, se mostró en diciembre de 2009 confiada en que la investigación de la Comisión no pone en riesgo la financiación de la televisión pública para 2010.
“Es una financiación muy exigente que estrictamente financia lo que corresponde al servicio público y creo por tanto que después de esta apertura de este procedimiento podremos seguir con el mismo sistema de financiación que se ha diseñado”, afirmó entonces al término de la reunión de ministros de Economía de la UE.
El Gobierno está “absolutamente convencido” de la legalidad
La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, reiteró hoy que el Gobierno está “absolutamente convencido” de que la Ley de Financiación de RTVE es “plenamente compatible” con la normativa de la Unión Europea y esperó que el fallo a favor de la nueva financiación de la Comisión Europea “no tarde mucho en producirse”.
De esta forma, tras participar en el Consejo de Ministros, De la Vega contestaba una pregunta sobre la decisión de Bruselas de impedir que el Gobierno español recaude los nuevos impuestos a cadenas de televisión y empresas de telecomunicaciones creados para financiar RTVE mientras no se cierre la investigación que la institución europea abrió a finales de 2009.
“Estamos absolutamente convencidos de que el sistema, como dijo el propio Consejo de Estado, es plenamente compatible y está en el ámbito de las disposiciones del Tratado de la Unión Europea”, insistió la vicepresidenta, tras señalar que la investigación sobre la Ley de Financiación de RTVE forma parte del “funcionamiento ordinario, habitual en el ámbito de la Unión”.
En este sentido, indicó que los “análisis” sobre la “coherencia y congruencia” de las leyes aprobadas en los parlamentos de los países europeos “forman parte del funcionamiento de normalidad democrática de las instituciones”. “Nos queda esperar que se produzca ese pronunciamiento, que no espero que además tarde mucho en producirse”, concluyó.
Las 'teleco' aseguran que “no les sorprende”
La Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones (Redtel), integrada por Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, aseguró hoy que “no le sorprende” que la Comisión Europea haya pedido a España que no asigne ninguna financiación a RTVE que proceda de los impuestos introducidos o modificados por la nueva ley de financiación de la corporación hasta que concluya la investigación que abrió a finales de 2009, ante la posibilidad de que la normativa sea incompatible con el Tratado de la Unión Europea.
Así lo indicaron a Europa Press fuentes de Redtel, que recordaron la misma institución europea también realizó este requerimiento a Francia, que cuenta con una normativa similar a la española. Además, reiteraron su intención de presentar las alegaciones en el plazo establecido por la Comisión sobre la nueva norma de financiación de la cadena pública.
Bruselas abrió una investigación en profundidad sobre el nuevo sistema de financiación, que entró en vigor el 1 de septiembre, y obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9 por ciento de sus ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3 por ciento, y a las de pago el 1,5 por ciento.
Redtel ha advertido en distintas ocasiones de la “ilegalidad” de la tasa para financiar la TVE y, antes de que el Congreso de los Diputados aprobara la ley, advirtió de que recurriría a Bruselas si el texto final incluía la tasa del 0,9 por ciento para las 'teleco'.
