El CAC podrá imponer sanciones de hasta 300.000 euros y suspender la actividad a medios catalanes
El Parlament de Catalunya aprobó hoy la nueva Ley del Audiovisual de Catalunya, con el inesperado voto en contra del PP catalán, que establece la ordenación de todos los sectores implicados en la materia y amplía las funciones de control y regulación del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). A raíz de esta normativa, el CAC podrá imponer sanciones a los medios de entre 90.001 y 300.000 euros, así como la suspensión de actividad por tres meses, para las infracciones muy graves de esta ley. La misma norma establece como infracciones muy graves el incumplimiento de los “principios básicos de regulación de contenidos” que obligan a “una información veraz”, que obligan a distinguir claramente las informaciones de las opiniones y que limitan la libertad de expresión e información en base a derechos constitucionales como el respeto a la dignidad y la no incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad. También son infracciones de este tipo, entre otras cosas, los incumplimientos de los horarios protegidos a la infancia y la difusión de publicidad subliminal, así como la negativa a someterse a la inspección del CAC. Para las infracciones graves se establecen sanciones de entre 12.001 y 90.000 euros y para las leves hay multas de entre 600 y 12.000 euros. El diputado del PP catalán Santiago Rodríguez hizo especial hincapié en este apartado de la Ley para justificar el voto en contra de su grupo, que sorprendió al resto de partidos en el pleno de hoy después de que los populares aprobaran el dictamen en comisión de la ley. Rodríguez aseguró que su partido “duda políticamente de que sea aceptable que nadie que no sean los tribunales de justicia puedan pronunciarse sobre aspectos que son eminentemente subjetivos para calificar una infracción como muy grave y poder así dictar la suspensión de la actividad de un medio”. Aunque aseguró que “no se puede dudar” del CAC ni “se puede decir en absoluto que en toda su trayectoria este organismo regulador haya actuado nunca bajo los indicadores políticos de ningún Gobierno”, Rodríguez instó a “eliminar la arbitrariedad en el régimen sancionador” que, a su entender, establece la nueva norma catalana. Asimismo, expresó “discrepancias” hacia otros apartados de la Ley como “la desaparición de la pluralidad lingüística y de la pluralidad religiosa de entre los principios inspiradores de la programación” de los medios públicos autonómicos, pese a que se establece la obligación del CAC a velar por ellos, y la “extralimitación” de la norma “en la protección de obras y contenidos que hacen referencia constante a la lengua y a la producción catalana”, señaló Rodríguez. MOLESTOS CON EL PP Los diputados de los grupos del tripartito interpretaron, sin embargo, el voto en contra del PP catalán como el “doblegamiento” de este partido “a dos sistemas de directriz política, el que le llega de la calle Génova”, en referencia a la sede del partido estatal, “y el de una emisora de radio que ha intoxicado el debate de la política audiovisual en Catalunya de una forma desdeñable”, en palabras del portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Joan Ferran.
Ferran aseguró sentirse “muy molesto” por el cambio de voto del PP, dado que supuso “la ruptura de la línea de trabajo de la ponencia parlamentaria” que elaboró el texto y que a lo largo de “un año” mantuvo siempre “un consenso que se ha roto hace apenas tres horas”. El diputado socialista instó al PP catalán a “no trabajar a los dictados de la COPE o de Madrid” y lamentó también que la votación de la ley en el Parlament se viera “retrasada también” por la petición del PP catalán de un dictamen al respecto del Consell Consultiu, que retiraron poco después.
El portavoz adjunto del PSC criticó también que el PP “pueda hablar de arbitrariedad” cuando el partido practica “un modelo audiovisual como el de la comunidad de Galicia o de Madrid” o “un pluralismo religioso como el que les llevó a hacer aquella sentencia sobre la poligamia en el Estatut”. El diputado del PP Santi Rodríguez pidió la palabra para replicar a Ferran y asegurar que el modelo audiovisual del PP en Galicia o Madrid “es el de la libertad” y recordarle capítulos como el del informe de medios “que costó el cargo” al secretario de Comunicación del tripartito Miquel Sellarès, a lo que Ferran respondió a su vez asegurando que el del PP “es el modelo Urdaci”.
El representante de ERC en la ponencia de la Ley Audiovisual, Carmel Mòdol, dijo sentirse “sorprendido” y “decepcionado” por el cambio de actitud del PP y aseguró “no comprender las razones del PP” para votar en contra de esta norma en el último momento. Mòdol señaló que “el buen clima de trabajo de la ponencia”, en la que el PP catalán votó a favor del dictamen, le hacían pensar “que no existe más motivo que las instrucciones recibidas desde la sede nacional del PP” en Madrid. La diputada de ICV-EA Dolors Comas fue más clara al calificar el voto en contra de los populares catalanes como “una sumisión vergonzosa del PP catalán a los dictados del PP estatal y a los dictados de los medios portavoz del PP, entre ellos la COPE”. Comas denunció incluso “la enmienda fantasma” del PP, que denominó como “la enmienda COPE”, sobre la “capacidad del CAC para valorar la veracidad de las informaciones aparecidas en los medios”, uno de los motivos que el diputado Santi Rodríguez alegó como causa del voto en contra y que, señaló Comas, “no se menciona en ninguna de las 41 enmiendas del PP catalán” que llegaron vivas al pleno.
La diputada ecosocialista lamentó el cambio de postura del PP asegurando que “se ha roto el valor de la palabra dad, que está en la base del acuerdo”, y consideró que esta actitud es “indicador de que el PP catalán ha optado por la estrategia de confrontación” impulsada “desde el PP estatal” que en lugar de primar el acuerdo. UNA NUEVA REGULACIÓN La Ley del Audiovisual de Catalunya aprobada hoy regula el sector para adaptarlo a la aparición de nuevas tecnologías de comunicación y al marco regulador comunitario y estatal, estableciendo las competencias concretas de la Generalitat para dotarla de “mayor protagonismo” en la “regulación” y en la “planificación del espacio radioelécrico”, y los principios que han de regir tanto el “servicio público audiovisual” catalán como “la actividad privada” en este campo. La norma organiza el sistema audiovisual propio de Catalunya en dos ámbitos, el nacional, estructurado alrededor de medios y servicios que alcanzan todo el territorio, y el de ámbito local o de proximidad, que también queda regulado. Además de definir las características necesarias del sistema público como en base a la consideración de “servicio público”, la nueva ley regula también los contenidos de todos los operadores para proteger “los derechos constitucionales” y “fundamentales” de los ciudadanos, especialmente de los colectivos más vulnerables como “la infancia, la adolescencia” y las personas discapacitadas. La nueva ley establece también una regulación en materia de “publicidad, televenta y patrocinio”, fija los principios de la actividad del CAC --sin perjuicio de su propia ley--, así como de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Además, la ley “se fundamenta en el derecho de los ciudadanos de Catalunya de disponer de un sistema audiovisual que refleje su realidad inmediata a partir de formas expresivas vinculadas a su abanico de tradiciones, a su entorno simbólico”.
