Conflicto La Comunidad de Madrid reprocha a Industria que actúe contra La Otra pero ampare a la TV de Castilla La Mancha

El Ejecutivo regional "va a cumplir con las responsabilidades que le corresponde" en su actuación frente a Tele K

El vicepresidente primero y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, consideró hoy "sorprendente" que el Ministerio de Industria ampare la antena emisora que Castilla La Mancha TV tiene instalada en territorio madrileño argumentando que es provisional y, al mismo tiempo, deniegue la emisión de un segundo canal analógico en la Comunidad de Madrid (LaOtra).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González opinó que la posición de Industria frente a la televisión castellano manchega supone "un intento complicado de dar cobertura a una instalación que no se ajusta a la legalidad", apuntando al respecto que "el compromiso legal del tercer canal" es que la ubicación de la instalación emisora "debe ser dentro de la propia comunidad autónoma".

El vicepresidente primero dijo "no entender" que el Ministerio "mantenga una actitud de confrontación" con Madrid en relación con la emisión en analógico de LaOtra cuando se trata de una televisión "que es legal y tiene espectro", y llamó la atención sobre el hecho de que "en los últimos quince años" el Ministerio "nunca ha actuado" para aplicar medidas disciplinarias o sancionadoras en este ámbito.

A este respecto, González afirmó que "existen montones de requerimientos a Comunidades Autónomas" por parte de Industria para que se emprendan acciones contra televisiones ilegales, que cifró en casi mil en toda España y 45 sólo en la Comunidad de Madrid. Además, hizo hincapié en que la Comunidad de Madrid "ha sido la única" que ha actuado al respecto, cerrando tres televisiones, varias emisoras y estando en trámites además con 20 comunidades de propietarios.

Actuación frente a Tele K

Por otro lado, preguntado sobre la emisión de la televisión vallecana, Tele K, por la frecuencia del canal 40 del UHF, el mismo por el que emite en analógico LaOtra, González advirtió de que el Ejecutivo regional "va a cumplir con las responsabilidades que le corresponde", recordando en este sentido que las Comunidades Autónomas que tienen competencias sobre los medios de comunicación social también tienen las de interrumpir provisionalmente el funcionamiento de las emisiones clandestinas y clausurar los equipos, así como la instrucción de expedientes sancionadores y, en su caso, la imposición de sanciones.

La televisión local de Vallecas comienza a emitir por el mismo canal que La Otra

La televisión local de Vallecas Tele K informó hoy de que ha comenzado sus emisiones a través del canal 40 de UHF, que es el utilizado por La Otra, la segunda emisora analógica de Telemadrid, que emite sin contar con la autorización del Ministerio de Industria.

Según Tele K, han comenzado a emitir por el mismo canal que La Otra invocando el principio de igualdad ante la ley. "Al mismo tiempo que ha abierto expedientes de cierre a 21 televisiones locales por emitir sin licencia -dicen-, la Comunidad de Madrid no puede erigirse en el principal infractor promoviendo las emisiones de La Otra sin la preceptiva autorización del Ministerio de Industria".

Reivindican también ya que -argumentan- "nos resistimos a la pretensión del gobierno regional de privarnos del espectro radioeléctrico para sustituir a las actuales televisiones locales por una red pública y privada de emisoras al servicio de los intereses del Partido Popular".

Otros argumentos para ocupar el canal 40 de UHF por el que emite La Otra son, a juicio de los responsables de Tele K, el derecho a la libertad de expresión, llamar la atención "sobre las consecuencias de la situación de ilegalidad en la que ha sumido el gobierno de Esperanza Aguirre y la dirección de Telemadrid a nuestra Comunidad", y "porque tenemos mejor derecho que Telemadrid para utilizar una frecuencia vacante".

Telemadrid lo considera "una maniobra más" de Industria para impedir las emisiones de La Otra

La Dirección de Telemadrid considera que las interferencias procedentes de la emisora local Tele K que desde esta mañana se están detectando en la señal analógica de su segundo canal, LaOtra, corresponden a "una maniobra más del Ministerio de Industria para impedir la normalidad de las emisiones de LaOtra tras el intento del cierre del pasado lunes".

En un comunicado, la dirección de la cadena autonómica habla además del "apoyo que el Secretario General del PSM, Rafael Simancas, viene dando a esta emisora ilegal -TeleK-, en todas sus actuaciones contra la Comunidad de Madrid, dado que no fue adjudicataria de una televisión digital local".

La Dirección de Telemadrid insiste en la absoluta legalidad y viabilidad técnica de las emisiones en analógico de LaOtra y señala que está en proceso de resolver las citadas interferencias.

La Comunidad de Madrid habla de "un acto de piratería"

La Comunidad de Madrid considera "un acto de piratería" que atenta contra el marco jurídico, el hecho de que Tele K, la televisión local de Vallecas, haya comenzado a emitir hoy por el canal 40 de UHF que venía siendo utilizado por La Otra, de Telemadrid.

En la sede de la Presidencia regional, el secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, aseguró a primera hora de la tarde que "hoy se ha producido un hecho gravísimo contra la libertad de expresión y la legalidad vigente: un canal de televisión, Tele K, ha cometido un acto de piratería en las ondas y de forma intencionada ha ocupado la señal del segundo canal de Telemadrid".

Victoria añadió que lo ocurrido "es un hecho que atenta contra el marco jurídico", por lo que pidió al Ministerio de Industria que "actúe con celeridad y rapidez", y que el ministro, José Montilla, y el secretario general del PSM-PSOE, Rafael Simancas, "condenen este acto".

El PSOE cree que la actuación de Tele K es "consecuencia lógica" de la "ley de la selva" fomentada por Aguirre

El secretario de Comunicación del Partido Socialista de Madrid (PSM), Miguel Ángel Sacaluga, señaló hoy que la decisión de Tele K de emitir por el canal 40 de UHF, la frecuencia utilizada por 'La Otra', segunda cadena de Telamadrid, es "consecuencia lógica" de la política de "ley de la selva" que, a su juicio, ha fomentado el Gobierno de Esperanza Aguirre.

Sacaluga vinculó la actuación de la televisión vallecana a la determinación del Ejecutivo madrileño de desarrollar una política basada en "el incumplimiento reiterado y persistente de la ley y la insumisión", en lugar de "actuar como garante del cumplimiento de las leyes, como es su obligación".

"Aguirre o alguien de su Gobierno tendría que dar una explicación a los ciudadanos y asumir la responsabilidad de estos hechos, gravísimos desde el punto de vista de los principios de un Estado de Derecho", afirmó el dirigente socialista, quien acusó a la presidenta regional de "no conformarse sólo con el uso partidista y propagandístico de una empresa pública como Telemadrid, sino financiar también con ese dinero su política de conspiración y crítica al Gobierno de la Nación". "Mientras con una mano está incumpliendo la ley, con otra reivindica que esa ley se aplique a los demás", afirmó.

En este contexto, acusó a Aguirre de utilizar en esta polémica "todos los métodos, confesables e inconfesables e inclusive la mentira", en referencia a las declaraciones en las que manifestaba que el Ministerio de Industria ha reconocido que las emisiones de 'La Otra' no son un acto ilegal. "Eso no es sólo falso --replicó Sacaluga--, sino que el Ministerio de Industria ha elevado a los tribunales este tema, pretendiendo con ello que la Justicia sea la que obligue a Aguirre a volver a la senda de la ley".

De igual modo, criticó que la jefa del Ejecutivo autonómico "esté utilizando" el Canal de Isabel II para permitir las emisiones de 'La Otra' y consideró "inconcebible" que este organismo no se haya reunido todavía para analizar la sequía que sufre Madrid. "Quizás sea para evitar lo que puede ser una reunión tormentosa, donde se le pidan explicaciones al Gobierno regional por la utilización del Canal en una operación política ilegal", concluyó.

Industria dice que Castilla-La Mancha TV emite desde Navacerrada desde 2002 y que no interfiere con cadenas de Madrid

El Ministerio de Industria aseguró hoy que la Televisión autonómica de Castilla-La Mancha utiliza una antena de Navacerrada desde 2002, cuando comenzó a emitir con licencia, y que la frecuencia que utiliza, la 28, es de uso en la citada comunidad, por lo que en la Comunidad de Madrid no puede ser ocupada legalmente.

El diario 'La Razón' publicó hoy que Industria "permite a la televisión manchega emitir en Madrid pese a que es ilegal, según la CMT", para lo que se vale del repetidor situado en la sierra madrileña. Según Industria, 'Castilla-La Mancha televisión' obtuvo su licencia en el año 2001, y utiliza las frecuencias que tiene reservadas, por lo que no puede interferir con ningún otro canal legal. La utilización de infraestructuras situadas en otra comunidad autónoma es una circunstancia habitual, de la que hay registrados miles de casos, afirman.

El Ministerio explica en un comunicado que en cualquier caso, ésta es una situación temporal, que se produce mientras el Ejecutivo autonómico encuentra solución para sus problemas de cobertura. Por ello, el 18 de noviembre de 2004, la Dirección General de Telecomunicaciones autorizó esta solución provisional, que, insisten, no provoca perjuicios a la Comunidad madrileña.

Asimismo, fuentes de Industria señalaron que existen dos jurisprudencias a tener en cuenta en caso de emisiones alegales. La primera, que emana del Tribunal Constitucional, señala que la competencia al respecto de esta actividad "corresponde a la Administración que concede el título habilitante" --los Gobiernos Regionales tienen la competencia de autorizar licencias--, y la segunda, en el mismo sentido, está contemplada en la Ley de Medidas Urgentes para el Fomento del Pluralismo e impulso de la TDT.

"A petición de las Comunidades Autónomas --recuerdan desde Industria--, se incluyó en el texto de la citada ley que la adopción de medidas cautelares o de sanción a actividades ilegales corresponde en esta materia a quienes tienen la potestad de conceder licencias", es decir, las Comunidades Autónomas, que es a quien corresponde actuar primero.

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