El “Consejo de Expertos” propondrá también reformas para televisiones autonómicas y locales
El Boletín Oficial del Estado creó oficialmente el pasado 24 de abril el denominado “Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado” con una misión clara: “El Consejo tendrá como cometido la elaboración de un informe sobre el régimen jurídico, incluido el modo de designación de sus órganos directivos, la programación y la financiación de los medios de comunicación de titularidad estatal”. Esta semana empezarán a trabajar. El Consejo está formado por el filósofo y académico de la lengua Emilio Lledó, de 77 años; el catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid Enrique Bustamante, de 55 años; la catedrática de Ética en la Universidad Autónoma de Barcelona Victoria Camps, de 63 años; el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid Fernando González Urbaneja, de 54 años, y el filósofo Fernando Fernández Savater, de 57 años. Los cinco expertos disponen de nueve meses para proponer la reforma de los “medios de titularidad del Estado”. El trabajo que se les presenta es de titanes. El motivo central de sus deliberaciones será RTVE, la gran empresa pública de radio y televisión del España, con 8.286 trabajadores y casi 7.000 millones de euros de deuda. Pero RTVE no será el único organismo del cual propondrán una drástica reforma. ¿Qué sentido tiene cambiar la televisión de Estado si las televisiones autonómicas siguen con deuda, con Directores Generales nombrados a dedo por gobiernos regionales con mayoría absoluta, con programaciones de televisión privada y con deudas galopantes? ¿Qué sentido tiene modificar parte de la estructura si muchos ayuntamientos crearán sus cadenas locales de televisión con los mismos criterios de intervención, manipulación, dinero público y programaciones basura? En principio, los medios de comunicación público son todos “de titularidad estatal”, aunque los gestionen las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Los expertos tienen claro que, por lo menos, las televisiones autonómicas resultarán afectados por las mismas leyes que se apliquen a RTVE. Las Comunidades autónomas son, también, Estado. Desde el Gobierno se tiene bastante claro que el trabajo del “Consejo de Sabios” se aplicará también a televisiones locales. ¿Qué hará el Comité de Expertos? Los cinco expertos se reúnen por primera vez esta semana para estudiar los modelos de televisión pública actuales y sacar conclusiones para definir un nuevo modelo. En general todos tienen claro que el nuevo marco debe impedir que RTVE y las televisiones autonómicas se parezcan, como dos gotas de agua, a las cadenas privadas. Todos coinciden en que deben tomarse las cautelas necesarias para que evitar la manipulación partidista de los Servicios Informativos y de los contenidos en general. Todos están de acuerdo en que debe eliminarse la tele – basura de las televisiones públicas. Y, finalmente, en que deben articularse mecanismos financieros, de ingresos y gastos, que eviten el crecimiento de la deuda galopante que sufren todas las cadenas. ¿Por dónde pasa la consecución de buena parte de estos objetivos? Por un buen sistema de elección del Director General, del Consejo de Administración y de los equipos directivos que eviten el “clientelismo” político, y por un buen sistema de financiación que permita a los futuros ejecutivos construir buenas programaciones. Se buscará el consenso Es evidente que la ciencia infusa no aportará ninguna solución. El Consejo se reunirá con todos los sectores implicados en los futuros cambios para que acepten las reformas que acabarán siendo Ley. Si el informe y las decisiones legislativas no tienen consenso, no servirán para nada. El informe que se haga público tras nueve meses de trabajo servirá para cambiar la Ley de 1980 sobre Radio y Televisión. Y para que la nueva Ley sirva, todos deben opinar: asociaciones de espectadores, de anunciantes, productores, sindicatos, propietarios de televisiones privadas, enseñantes y políticos. El consenso es la única vía para conseguir un texto legal respetable y respetado. Pero no bastará con el acuerdo. La Ley de 1980 consagraba principios que quedaron muy rápidamente en “papel mojado”. Se refería a la “veracidad”, a la “imparcialidad” y al “pluralismo”. Pero nadie se preocupaba de que se respetaran estos principios. Esta situación acabará con el Consejo Audiovisual que surja de esta deliberaciones, que deberá tener funciones de “policía” de las ondas. Será el responsable de hacer que la ley se cumpla y tendrá capacidad sancionadora. Los “sabios” del Consejo se inspirarán en modelos que ya funcionan: la BBC, la PBS americana y el Consejo Audiovisual francés y alemán. El Consejo francés adjudica las licencias a las cadenas privadas, elige al Director General de France Televisions y tiene capacidad para sancionar y retirar licencias. Viajarán, vendrán los viajes. “Tal vez vayan al Reino Unido para estudiar a fondo la BBC; a Estados Unidos para ver de cerca la PBS, que se financia a través de patrocinio”, indica Castillejo, coordinador de la política audiovisual del Gobierno. “Y supongo que se acercarán a Francia para estudiar el modelo francés, donde es el Consejo Superior de lo Audiovisual quien adjudica las licencias a las privadas, quien elige al director de la pública y quien impone sanciones y retira licencias”. ¿Quién pagará la deuda? El nuevo modelo de RTVE nacerá con un lastre económico impresionante: 6.892 millones de euros de deuda. El Consejo de expertos deberá proponer fórmulas para resolver esta situación. Para ello estudiarán también los sistemas de financiación de las televisiones públicas europeas: el canon en el Reino Unido o la “redevance” francesa, aunque todo el mundo ve difícil que se llegue a instaurar un sistema parecido en la España actual. En Gran Bretaña pagaron el año pasado, según publicaba el diario “El País” del pasado mingo, 178 euros anuales por ver la BBC, que ingresó 3.318 millones de euros en 2002 procedentes de 20 millones de familias. En Alemania pagaron 194 euros en el mismo año, mientras que los franceses contribuyeron con 116.5 euros y los italianos con 91 euros. Los 14 millones de hogares españoles deberían aportar 144 euros cada uno, con lo que se podrían financiar 1.882 millones de euros de la deuda.
Los ingresos actuales de RTVE proceden en un 75% de los anunciantes. El Foro del Espectador cuestiona la independencia del Consejo El Foro del Espectador, una asociación de escasa representatividad y de tendencia muy conservadora, reclamó al Gobierno que el “Consejo de expertos sea verdaderamente independiente”, según un comunicado. La presidenta de dicho foro, Ascensión López, considera que las personas nombradas para integrar este Consejo (Emilio Lledó, Enrique Bustamante, Victoria Camps, Fernando Savater y Fernando González Urbaneja) “no son independientes y tampoco periodistas, ya que la mayoría son afines al PSOE y filósofos”. Algunos observadores no entienden la acusación de que sean “filósofos”, por parte del mencionado Foro. López lamentó que uno de ellos, González Urbaneja se haya mostrado escéptico en lograr un modelo que garantice la absoluta independencia política de estos medios y señaló que “si uno de los sabios se muestra ya escéptico, cómo serán las leyes y medidas que van a llevar a cabo”. Foro del Espectador reclamó al Consejo de Expertos que las reformas que lleven a cabo sean “neutrales y transparentes”. Además, abogó por un Consejo Audiovisual independiente, cuya base sea 'la representación social', con facultad sancionadora. Este insólito comunicado demuestra la dificultad e incomprensión con la que se encontrarán este grupo de expertos, que son ya cuestionados antes de empezar a trabajar.
