Debate en Venezuela por la cruzada del Gobierno contra la telebasura
Venezuela atraviesa actualmente por una situación similar a la que vivimos desde hace meses en España, con la cruzada iniciada por el Gobierno contra la “telebasura” en horario infantil que ha culminado en un acuerdo con las cadenas para diseñar un código de regulación. El debate venezolano lo ha provocado el proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión que se espera esté aprobado en el plazo de un mes, según ha declarado recientemente el diputado oficialista ante la Asamblea Nacional, Luis Tascón, a un diario venezolano. Este proyecto de Ley tiene dividida a la sociedad. Unos lo ven como una herramienta democratizadora y protectora de la infancia, mientras que otros lo ven como un peligroso arma para que el presidente Hugo Chávez amedrente a los medios de comunicación y controle a la sociedad. Según informa la agencia IPS, un borrador del proyecto fue aprobado el año pasado por el parlamento con los votos de la mayoría oficialista, que ocupa 87 de los 165 escaños, y desde octubre está en curso la segunda y definitiva discusión, con los partidarios de Chávez en una acera y sus detractores en la otra. Protección del horario infantil Según el ministro de Información, Andrés Izarra, la ley marcha sobre cuatro ejes, y los dos primeros son “el respeto que deben ofrecer los moderadores de los programas televisivos y radiales, y la transmisión en un horario adecuado de los episodios cargados de sexo y violencia, para proteger a los niños”. Formar “ciudadanos críticos de los contenidos” A eso se añade la voluntad de “formar ciudadanos críticos de los contenidos de los medios de comunicación, y la instrumentación de una industria audiovisual y radiofónica acorde con el modelo de cambio socioeconómico que vive el país”, afirmó. Fomentar valores
El propósito declarado del proyecto es “establecer la responsabilidad social de los prestadores e los servicios de radio y televisión, y sus relacionados”, para fomentar, entre otros valores, la democracia, la paz, los derechos humanos, la cultura, la salud y el desarrollo, de conformidad con la Constitución y las leyes, especialmente la que protege a niñas, niños y adolescentes. Crear un organismo de vigilancia e imponer multas Las herramientas serían acotar el horario de difusión de programas considerados inconvenientes para la infancia, otorgar al Estado y las comunidades espacios en todas las estaciones difusoras, brindar facilidades a productores independientes, crear un organismo de vigilancia, e imponer a quienes violen las nuevas normas elevadas multas o, como último recurso, la suspensión o cierre. El 60% ha de ser producción independiente Izarra destacó que según el proyecto “el 60 por ciento de la producción televisiva tiene que ser de productores independientes, lo que lleva a una política del Estado para desarrollar una industria audiovisual”, y los diputados oficialistas alegan con ardor que “la televisión no puede seguir como monopolio de un grupo reducido de familias”. Una asamblea de decenas de productores independientes reunida la última semana de octubre en Caracas reclamó que las disposiciones para incentivar la producción local se acompañen de un fondo para el financiamiento del talento nacional. El proyecto establece que sólo podrá presentarse como productor independiente quien carezca de parentesco, aun lejano, con los actuales propietarios de los grandes medios, y no haya trabajado con ellos en un periodo de por lo menos dos años. “Es una exageración y una condena al desempleo: ¿cómo es que no puede presentar un proyecto de programa alguien que hace un año o más dejó de ser empleado nuestro?”, dijo a IPS el directivo de un canal privado, en condiciones de anonimato. Escala de gravedad Un segundo aspecto polémico es el de las definiciones sobre sexo, violencia, salud y lenguaje, que el proyecto clasifica en una escala de gravedad de la “A” hasta la “D” y los calza sobre los tres horarios: de siete de la mañana a siete de la tarde, con severas restricciones; hasta las once de la noche, con algunas limitaciones; y en las madrugadas, con mayores libertades pues se considera un horario para adultos. Debate sobre el peligro de censura Los detractores del proyecto sostienen que, con esa medida, los organismos de control podrán impedir o sancionar la transmisión en vivo de sucesos como, por ejemplo, el ataque sobre las torres gemelas de Nueva York en 2001. “De ninguna manera se establece censura previa. Sólo se trata de que los medios, aunque puedan informar en vivo cuanto deseen, no incurran en uso amarillista de imágenes o sonidos para explotar el morbo en horarios destinados a la formación de niños y adolescentes”, dijo a IPS la diputada oficialista Desirée Santos. >
En cambio, para el comunicólogo Antonio Pasquali, quien dirige la organización no gubernamental (ONG) Comité por una Radio y Televisión de Servicio Público, se trata de “una disposición de carácter totalitario, que promueve la censura y la autocensura y llevará a que el régimen establezca lo que se puede transmitir y lo que no”.
“Qué se debe transmitir y qué no debe ser fruto de un acuerdo entre emisores y sociedad. Si el Estado quiere una mejor radio y televisión debe predicar con el ejemplo, pero las que están en manos del gobierno sólo hacen propaganda, en tanto el país pide a gritos una tercera voz, que no existe”, dijo a IPS. “La última palabra sobre información veraz, oportuna e imparcial la tendrán funcionarios del gobierno, lo que producirá un inhibición generalizada en medios y periodistas, es decir, la autocensura”, dijo a IPS Eduardo Orozco, de Expresión Libre. La ley “no busca censura o autocensura, sino crear mecanismos que permitan a todos los venezolanos defenderse por los caminos legales de las injurias y atropellos a que son sometidos diariamente por algunos medios de comunicación”, dijo Izarra. Un Consejo Audiovisual con 21 miembros La cúpula del sistema de supervisión de la radio y la televisión será un Consejo de Responsabilidad Social con 21 miembros, de los cuales seis representarán al gobierno central, dos a otros entes estatales, tres a ONG de usuarios, cinco a radios y televisoras, tres a profesionales, uno a universidades y uno a las iglesias. La legislación venezolana sobre radio y televisión se remonta a 1941, con un reglamento enmendado muchas veces y al que se han añadido otras leyes y normas de menor jerarquía, en tanto la vigente Constitución de 1999 prohíbe la censura previa y reivindica el derecho del pueblo a contar con una información “veraz y oportuna”.
