El Gobierno impulsará la TDT en cuatro fases

El Gobierno impulsará el apagón de las emisiones de televisión analógica mediante un plan de cese ordenado en cuatro fases, que comenzará a ejecutarse para el 1 por ciento de la población a finales del año que viene y que para finales de 2009 afectará ya al 32,4 por ciento de la población. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró hoy que el objetivo de este plan es “asegurar las mejores condiciones” para el tránsito a la nueva tecnología Digital Terrestre (TDT).

El objetivo de este plan es acelerar el proceso de sustitución de la tecnología antes de la fecha de apagado, prevista para abril de 2010, hito que representará, según De la Vega, “un extenso campo de oportunidades para operadores de televisión y ciudadanos”. “Quedan 940 días para una nueva era audiovisual”, anunció la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El citado plan divide el territorio español en 73 áreas técnicas y 90 proyectos de transición, agrupadas a su vez en tres grupos: el primero lo forman núcleos de población inferior a 500.000 habitantes y alta cobertura de la nueva tecnología, mientras que el segundo lo componen poblaciones mayores (de 500.000 a 700.000 habitantes). El tercero lo integran centros de población muy elevada y/o que requieren la instalación de muchos centros emisores para conseguir la cobertura adecuada.

Además, según lo previsto, antes del 31 de diciembre de 2008 se cortarán las emisiones de televisión analógica en dos proyectos piloto independientes de este plan, los de Soria y A Fonsagrada, que apenas representan al 1 por ciento de la población española. Tras ellas, comenzará la primera de las fases de transición, que integra a 32 proyectos donde vive el 11,6 por ciento de la población española, que deberán sustituir la vieja tecnología por la nueva antes del 30 de junio de 2009. En esta fase habrá implicados, al menos, un proyecto de apagado por comunidad autónoma, pese al desigual reparto de la población española.

La siguiente fase integra a otros 25 proyectos y a otro 19,8 por ciento de la población, que no tendrán acceso a la señal analógica el 31 de diciembre de 2009: ya sumarán el 32,4 por ciento de la población española. La última fase, que se corresponde con la residencia del 67,6 por ciento de la población española, concluirá en la fecha prevista al inicio, el 3 de abril de 2010.

Los proyectos, repartidos por comunidades autónomas, se dividen en 15 proyectos para Andalucía, 13 para Castilla y León, 11 para Cataluña, 6 en Galicia y Canarias, otros 5 en Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, 4 en el País Vasco, 3 en Baleares y Extremadura, 2 en Asturias, Madrid, Murcia, Cantabria, Navarra y La Rioja, y finalmente uno en Cuta y otro en Melilla.

Este plan ya fue aprobado en el mes de junio por la Comisión de Seguimiento de la Transición a la TDT, que la integran los operadores de televisión, colegios de ingenieros, fabricantes de equipos, instaladores de antenas, consumidores y usuarios y las comunidades autónomas.

Según el Ministerio de Industria, “se trata de un plan de grandes dimensiones sociales”, ya que supone la sustitución tecnológica de un sistema de emisión de televisión prácticamente universal, y además afecta a muchos actores como los operadores de televisión, operadores de redes de transporte y difusión, usuarios, industria, instaladores, y a la sociedad en su conjunto.

El Gobierno asegura que cumple los plazos de la transición a la TDT y pide a los operadores contenidos más atractivos

El secretario de Estado para las Telecomunicaciones, Francisco Ros, se mostró hoy convencido de que la transición de la televisión analógica a la digital terrestre se culminará a tiempo, antes de abril de 2010, y aseguró que el Gobierno ha cumplido con su parte, en la que “difícilmente se podría ir más rápido”. En este sentido, defendió que la cobertura se amplíe en paralelo con mejores contenidos, sobre los que el Ejecutivo “hace un seguimiento” permanente.

Por su parte el director general de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo, señaló en rueda de prensa que la Administración “ha hecho todo lo que puede hacer” y que “son las televisiones las que tienen que ofrecer contenidos atractivos”. En este sentido, recordó los compromisos contractuales que los operadores asumieron en sus licencias para emitir en TDT, en materia de ofrecer una programación novedosa. “Las licencias fueron asignadas mediante concurso en función de unos compromisos, y no mediante una subasta” al mejor postor, recordó.

El secretario de estado para las Telecomunicaciones descartó reducir las exigencias de cobertura a las cadenas, para que éstas pudieran destinar más recursos a la programación, como han demandado a Industria: “Ambas cosas deben ir de la mano, en paralelo. Si rebajamos una de las dos, difícilmente se puede dar un impulso a la transición”, aseguró.

En rueda de prensa, ambos repasaron las dificultades del proceso de cese de las emisiones analógicas para implantar la nueva tecnología en todo el territorio, para lo que se ha previsto un plan de transición a partir de criterios técnicos que prevén un apagado progresivo de la antigua tecnología. En su comparecencia, Ros explicó que la cobertura en España de las emisiones digitales “son las más altas de Europa”, pero que el número de canales asciende a más de 40, frente a los 7 u 8 de la media Europea, lo que añade complejidad al proceso.

Por otra parte, señaló que, pese a las propuestas del sector, la posibilidad de codificar una parte de las emisiones previo pago “no está contemplado”, aunque técnicamente “sea una posibilidad”, como ocurre en otros países.

Asimismo, respondió a otra de las críticas lanzadas desde la industria audiovisual, acerca de la venta de televisores no preparados para emisiones digitales, sobre las que dijo que el Estado “no tiene competencias”, y que por ello se ha puesto en contacto con las distintas comunidades autónomas “que tienen más capacidad de acción sobre el consumo y la venta de equipos”.

Por último, se refirió a la lentitud de algunos concursos locales, rechazados por el Ministerio, dado que en algunas demarcaciones se sobrepasa el ámbito legal de las emisiones, invadiendo el espacio de otras comunidades, por lo que no han sido aprobados por el Gobierno.