Desde diciembre Investigan la desaparición de 6,5 millones de euros de la productora Media Park

La Fiscalía de Delitos Económicos trata de determinar si este dinero sirvió para pagar comisiones ilegales

El Juzgado de Instrucción número 25 de Barcelona investiga desde el mes de diciembre la desaparición de 6,5 millones de euros de la productora catalana Media Park. La Fiscalía de Delitos Económicos trata de determinar si este dinero sirvió para pagar comisiones ilegales. Según informó hoy El Mundo, la productora catalana lleva años suscitando polémica por las supuestas vinculaciones entre la empresa y uno de los hijos de Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola.

Según fuentes de la investigación, Media Park disponía de cinco facturas giradas contra Telefónica y algunas de sus filiales, por valor de 6,5 millones de euros. La productora catalana liquidó a Hacienda el IVA correspondiente a este importe, pero Telefónica nunca cumplió con el pago de estas facturas, lo que hace sospechar a los investigadores que podría tratarse de un intento de enmascarar otro tipo de operación menos transparente.

Media Park justificó en su día la emisión de estas facturas a partir de una acuerdo de patrocinio firmado con Telefónica el 17 de julio de 2000, que en la práctica se tradujo en la instalación de la sede de Terra en Barcelona y la entrada de Telefónica en Media Park con un 25 por ciento del capital, tras varios encuentros entre el presidente de Telefónica en aquellos momentos, Juan Villalonga, y Jordi Pujol.

La investigación judicial se inició tras una denuncia presentada por un accionista minoritario de Media Park contra el resto del consejo de administración, por haber rescindido el contrato con Digital Plus. De este modo, la productora catalana dejaría de suministrar a la plataforma digital cinco canales temáticos. La compañía sueca SMI considera este acuerdo muy perjudicial para sus intereses en Media Park, y afirma que ha abocado a la productora al cierre definitivo.

Media Park fue una de las apuestas fuertes de Convergència i Unió en el sector audiovisual. De hecho el ente público catalán (CCRT) es uno de los accionistas de la productora. La oposición socialista siempre ha cuestionado el papel de CiU dentro de esta empresa. Sus ataques aumentaron a partir de abril de 2002, tras conocer la entrada de CCRT en una de las últimas ampliaciones de capital de Media Park, a pesar de que la fusión de las plataformas digitales era inminente y amenazaba el futuro de Media Park. Los socialistas afirmaron entonces que la única justificación de las inversiones de la Generalitat en Media Park eran los "intereses familiares" del clan Pujol-Ferrusola, según el citado diario.

La venta de acciones de la CCRTV y su salida del consejo de administración suscitó muchas sospechas en los partidos de la oposición. La operación fue una de las últimas que realizó el gobierno de CiU antes de ser relevada al frente del Govern.

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