Debate

Múgica y Cebrián arremeten contra la telebasura

El consejero delegado del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, señaló hoy que la denominada 'telebasura' la deben controlar “los basureros” que la programan y dijo que este tipo de espacios “son controlables, naturalmente, porque la televisión es un servicio público”.

En su intervención en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía y Europa Press, Cebrián reclamó una regulación que permita el autocontrol por parte de los empresarios, que deben realizar en su opinión un “análisis” de lo que está ocurriendo. “En España el problema de la 'telebasura' es superior al de cualquier otro país de nuestro entorno, como puede ser Italia”, denunció. No es la primera vez que Cebrián arremete contra la telebasura. En noviembre de 2003, ya opinó en una entrevista a Telemadrid que la telebasura “es responsabilidad de quien la provoca y no de quien la consume”. Respecto a la posibilidad de que el Gobierno apruebe un nuevo canal de televisión en abierto, Cebrián dijo: “No creo que haya sitio, es que es un derecho. Cualquier otro modelo es proteccionista”. En cuanto al interés de su grupo por hacerse con un nuevo canal, explicó que el actual modelo de televisión de Prisa pasa por aumentar su inversión en Sogecable hasta el 24 por ciento, como Telefónica, y por configurar Localia como una confederación de televisiones regionales potente. En su opinión, la televisión local “es algo más que brujas, tarot y porno barato”. “La ley audiovisual es una mala idea” Por otro lado, Cebrián consideró “una mala idea” hacer una ley audiovisual que regule el sector en su conjunto de forma global y consideró preferible la aprobación de leyes parciales. Además, advirtió que la distribución de la señal de radio y televisión por Internet “puede dar al traste con las ideas legislativas”. El directivo de Prisa lamentó que los Gobiernos “estén tentados de que los ingenieros de telecomunicaciones les resuelvan los problemas” y añadió que “acompasar las organizaciones de la comunicación al desarrollo tecnológico es un severo error”.

Respecto al trabajo del 'comité de sabios' que estudia la reforma de RTVE, confió en que emitan su dictamen “cuanto antes” para que los legisladores puedan comenzar a trabajar y confió en que “iluminen un poco sobre el papel de la televisión pública”. En su opinión, los expertos abordarán cuestiones generales, relacionadas con el pluralismo democrático o la deontología, más que las referidas a la financiación. En relación a la creación de un canon para financiar la televisión pública, recordó que “no hay nada gratis”, aunque reconoció que su implantación sería “impopular y difícil”.

Cebrián también se refirió a la competencia de la prensa gratuita para los diarios de pago y reconoció que las políticas defensivas del resto de editores “no han servido para nada”, lo que les ha llevado a adoptar una actitud “integradora” y los propios editores de los diarios de pago se han “lanzado” a la gratuita, resaltó Cebrián, que es en este momento presidente de turno de la AEDE.

En cuanto a Internet, explicó que mantendrán su estrategia de cobrar por los servicios, lo que les ha reportado 38.000 suscriptores y señaló que no ha perjudicado a la circulación en papel. Además, indicó que esperan extender este modelo a otras publicaciones.

Múgica pide un debate “abierto y solvente” sobre la telebasura y su incidencia en los menores El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, transmitió hoy en el Congreso su preocupación por los efectos que la actual programación televisiva tiene sobre la educación de los menores y planteó la necesidad de establecer un “debate abierto y solvente”, con participación de todos los grupos sociales afectados. Por otro lado, abogó por que los medios de comunicación informen de cada caso de malos tratos que se produce en España, como se hace con el terrorismo, a fin de concienciar a la sociedad. Múgica presentó ante la Comisión Mixta Congreso-Senado del Defensor del Pueblo el Informe de la Institución correspondiente al pasado año, en el que se contemplan las 17.389 quejas presentadas por los ciudadanos y otras 165 iniciadas de oficio, lo que supone un ligero descenso respecto al ejercicio anterior. Así, después de repasar al trabajo de la Institución, criticó una programación que se impone a los menores en las horas libres “y a la que les resulta muy difícil sustraerse porque se les adoba con un lenguaje fácil y pobre al borde del grito; con situaciones en las que sobrenada la violencia y la zafiedad; con la miel de unos cuerpos atractivos y tentadores que todo lo experimentan sin dificultad, con un clima de falso compañerismo, de indolencia; de pasotismo, de 'dolce farniente'”. “A esta tarea pensamos dedicar en el futuro inmediato, contando con la colaboración y los recursos que puedan allegarse, la firme decisión de aportar nuestro esfuerzo, sin regateos, al objeto de incentivar y estimular el perfeccionamiento de una verdadera democracia, por la vía imprescindible de una educación configurada por los auténticos valores de una convivencia justa, libre y solidaria”, adelantó. A este debate se sumaron expresamente los portavoces José Antonio Labordeta (CHA), Pere Grau (CiU) y Gabino Puche (PP). Elaborar un programa Más concretamente, explicó que al Defensor del Pueblo le corresponde, en defensa de los derechos de los menores y de la educación, crear un espacio al que invitará a concurrir a partidos políticos, ONG, educadores, defensores del menor y medios de comunicación, para elaborar un programa que se presentará a la Administración o a la Comisión de Medios Audiovisuales. Para ilustrar esta necesidad, relató su experiencia personal como abuelo, cuando contempló a sus nietos de 12 años viendo la televisión: “Le pregunté a mi esposa quién era esa y me contestó que era la ex amante del conductor de la hija de un artista famoso... No puede ser que nuestros hijos vean estas cosas”. Al medio televisivo le corresponde también, según Múgica, concienciar a los ciudadanos sobre el problema de la violencia de género, como ya lo ha hecho sobre el terrorismo. Por eso, se mostró partidario, de que no se escatimen las informaciones referidas a estos casos: “Yo defendí que se diera información de todos los actos criminales del terrorismo para que los ciudadanos tomaran conciencia –apuntó--. Lo mismo sucede con los casos de agresión. Es fundamental que aparezcan. Estos casos deben ser informados a los ciudadanos que visionan la televisión”. El Defensor del Pueblo dedicó la primera parte de su discurso a la independencia que debe presidir la Institución y subrayó que “ningún poder del Estado, ninguna fuerza política, por predominante que sea en los diferentes ámbitos de ese poder, condicionará su actuación celosa de la autonomía y de la independencia características del Defensor”. Asimismo, recalcó que garantía manifiesta de esa “radical” independencia son tanto la legitimación para recurrir los actos de todos los poderes, “también del que le elige y comisiona, como la duración de su mandato institucional, que abarca un parámetro temporal presente, al menos, en dos legislaturas”. Respecto al incumplimiento por parte de algunas Administraciones de responder los requerimientos de la Institución, Múgica volvió a recordar, como en años anteriores, la posibilidad de recurrir al artículo 505 del Código Penal, aunque reconoció que por el momento ha utilizado otros métodos. “Después de 3 años de ministro de Justicia y 23 años de diputado conozco a todo dios. Lo que me permito es llamar al alcalde, o llamar al consejero o llamar a quien sea y decirle: ”te he enviado un requerimiento, contéstame“. Sabiendo perfectamente que no son las autoridades políticas las que incurren en este defecto, son el funcionario de turno que lo traspapela, va a tomar el café y lo deja ahí”, resumió. Por su parte, el portavoz socialista en la Comisión, Juan Luis Rascón, planteó al resto de grupos parlamentarios un compromiso “de sensibilización hasta sus últimas consecuencias para que ese número elevadísimo de requerimientos no contestados se lleven a cabo”. LAS QUEJAS AUMENTARÁN EN 2004 Además, Múgica comentó que va a recuperar la vieja costumbre de que sean los adjuntos al Defensor los que informen al Parlamento de las materias de las que se encargan directamente. Si en 2003 las quejas descendieron respecto al ejercicio anterior, el Defensor del Pueblo adelantó que en 2004 las quejas presentadas por los ciudadanos van a aumentar y van a descender las de oficio. A fecha 21 de septiembre, la Institución ha recibido 12.572 quejas colectivas y 10.946 de oficio, y ha iniciado 108 actuaciones de oficio. Finalmente, se refirió a las 36.000 quejas presentadas con motivo de la intervención española en la Guerra de Irak en 2003, que no han sido contabilizadas como tal. “Estas peticiones no pudieron admitirse a trámite ni tampoco pareció viable la actuación procesal que permitiera cuestionar correspondientes decisiones gubernamentales ante el Tribunal Constitucional –comentó--. Pero todas las peticiones fueron razonablemente analizadas y respondidas”, aseguró.

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