RTVE El PP denuncia "purgas" políticas de empleados en TVE y Caffarel denuncia "altos contratos blindados" anteriores

La portavoz Popular dice que las "purgas" se extienden a una lista de 150 trabajadores

Los miembros del Grupo Popular en la Comisión de Control parlamentario de Radiotelevisión Española (RTVE) denunciaron hoy "purgas" con motivaciones políticas entre los empleados en el ente público, que el secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, vinculó directamente con la llegada del nuevo secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda. Por su parte, la directora general de RTVE, Carmen Caffarel, desveló "contratos blindados" y "cachés muy muy superiores" entre altos directivos designados durante la gestión del anterior Gobierno.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Elorriaga habló de "ceses significativos" en TVE acentuados tras la llegada de Moraleda a su nuevo cargo, que precisó en el caso del despido del periodista Vicente Gil Lázaro, presentador del canal 24 horas, a quien, según matizó Caffarel, no se le ha renovado el contrato temporal que tenía. Se da la circunstancia de que este periodista es hermano del diputado 'popular' y vicepresidente del Congreso Ignacio Gil Lázaro, caso en particular sobre el que también preguntó el diputado Ramón Moreno Bustos, aprovechando una pregunta sobre el funcionamiento del citado canal.

Moreno denunció que "por un lado se despide a gente por motivos políticos y por el otro se contrata, en un momento en el que, por falta de personal, en tres días consecutivos a finales del mes de noviembre, se dejó de emitir ninguna noticia en directo entre las 16 y las 21 horas, limitándose las emisiones a contenidos grabados y vídeos", lo que calificó de "situación decimonónica y de pura explotación laboral de los trabajadores".

La portavoz del PP en la Comisión de Control, Macarena Montesinos, añadió que las "purgas" se extienden a una lista de 150 trabajadores que, según dijo, han sido cesados o cambiados de puesto. En un debate tenso con Caffarel, señaló que el destino de estos trabajadores que se quiere "mandar a galeras" es la división de teletexto. Montesinos mencionó el caso de tres redactores que, según ella, firmaron una carta denunciando que se les obligaba a hacer determinadas noticias, y que, a consecuencia de ello, fueron destinados a trabajar en el teletexto de TVE.

Fin de irregularidades

Por su parte, Carmen Caffarel explicó, preguntada expresamente por la política de personal de la casa, que desde su llegada se mantiene una línea de continuidad con lo anterior, "menos allí donde se cometen irregularidades", tales como "los contratos blindados" que se encontró al asumir el cargo, o "los cachés muy muy elevados" de algunos directivos "que hasta tenían derechos de imagen que triplicaban su sueldo, prebendas en las que ya no hay continuismo".

Acerca de los cambios en la plantilla, retó a la diputada Montesinos a que reconociera que "se han hecho menos cambios que nunca, y que cuando se han hecho ha sido siempre con gente de la casa, y no de fuera, como sí ocurrió con casi todos los directores de centros territoriales nombrados por el PP", apostilló.

En cuanto a la situación del Canal 24 horas, incluido en la oferta digital terrestre de TVE, la directora general explicó que se rige por la misma normativa de personal que dejó la gestión 'popular' y que actualmente se encuentra en fase de renovación "completa", por lo que justificó algunos "errores que quedan por corregir", pero por los que "en ningún momento se ha visto mermada la calidad de los programas". Además, respondió que hablar de tres redactores que se quejan de un colectivo de 9.000, "cuando antes había comités y votaciones", le hacía sentirse "satisfecha".

El portavoz socialista en la Comisión, Óscar López, felicitó a Caffarel por potenciar la eficiencia en el uso de los recursos tanto humanos como materiales de RTVE, y celebró que "poco a poco vaya saliendo toda la verdad de la anterior gestión". Sobre los nombramientos en la cadena, aseguró que "ya nadie le dice a la dirección a quién tienen que nombrar", al tiempo que criticó la actitud de Moreno, por llevar al Congreso una pregunta sobre "el hermano de su amigo".

Pluralismo político en TVE

El tratamiento de la política en la cadena estuvo muy presente durante la comparecencia de Caffarel, a la que Montesinos acusó de silenciar, entre otras cosas, las opiniones de Tony Blair --primer ministro británico-- sobre los presupuestos de la UE, y de haberse entregado a la militancia socialista. Caffarel contestó que, en lo que va de año, el líder del PP, Mariano Rajoy, ha aparecido en las cadenas públicas un total de 4 horas y 20 minutos, y que otros miembros del partido, como Eduardo Zaplana y Ángel Acebes han salido una hora y media cada uno.

El tiempo del Gobierno, según explicó la directora general, se ha reducido un 13 por ciento, lo que el socialista Óscar López consideró "datos abrumadores de aumento del pluralismo", ya que, recordó, la TVE bajo control del Gobierno del PP tardó tres años en entrevistar al líder de la oposición, entonces José Luis Rodríguez Zapatero, y la actual cadena pública ha tardado menos de tres meses en hacer lo mismo con Mariano Rajoy.

Plan de saneamiento

El plan de saneamiento del ente público, al que queda supeditada la subvención presupuestaria de 575 millones de euros para el año que viene, fue motivo de varias preguntas planteadas por los diputados, especialmente en materia de plazos, que Caffarel respondió sin precisar, si bien apuntó algunas de las primeras conclusiones a las que están llegando los diversos grupos de trabajo.

Entre ellas, citó que se ha detectado una estructura organizativa "vertical", formada por unidades que en ocasiones se "tripiten", y con un "número elevadísimo de mandos intermedios", lo que casi imposibilita la toma de decisiones con agilidad, explicó. Sin embargo, la directora general se limitó a emplazar a los diputados a "tomárselo con tranquilidad" y a asumir la "responsabilidad que les toca" con el debate de la Ley de Reforma de la radio y la televisión de titularidad estatal, para la que pidió el máximo consenso.

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