En 'Sálvame' no se toca el tema Paz Padilla defiende a su novio tras la autocensura en 'Sálvame': "No es un ladrón"

Paz Padilla defiende a su novio tras la autocensura en 'Sálvame': "No es un ladrón"
Paz Padilla defiende a su novio tras la autocensura en 'Sálvame': "No es un ladrón"

La presentadora de 'Sálvame' asegura que su pareja no es culpable:"Él es solo un funcionario" y que está muy molesta con los medios por "cómo están dando las informaciones"

Paz Padilla de manifestaba por primera vez ante los medios sobre la imputación de su novio, Antonio Juan Vidal Agarrado. La pareja de la presentadora de 'Sálvame' ha sido acusada de prevaricación y malversación de caudales, en el marco del escándalo de los cursos de formación en Andalucía.

Según la revista ¡Qué me dices!, la televisiva salía de su casa en Villaviciosa de Odón, donde le esperaba un coche de producción de Telecinco, y cuando vio a los medios esperándola, volvió a entrar. Tras unos minutos, volvía a salir y desde su vehículo manifestaba lo siguiente: "Toda la información que estoy leyendo me parece una pasada, estoy indignada", añadiendo que estaba molesta por "cómo se están dando las informaciones". Y aseguró "Juan no es un ladrón, sólo un funcionario".

Funcionario de profesión

Vidal fue jefe de servicio de Formación en Cádiz y su nombre figura en el último auto de la juez Mercedes Alaya en el sumario del citado caso. Funcionario de carrera, nació en 1968 en Cádiz, ciudad de la que también es su pareja Paz Padilla.

Dos días antes de declarar ante la juez Alaya, Agarrado fue detenido dos horas para ser interrogado.

Así reza el auto de imputación de la juez Alaya contra Vidal Agarrado

Según el auto, la juez Alaya imputa a estos cargos –entre los que se encuentra el novio de Paz Padilla– “por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones, estando bajo su competencia tanto el departamento de planificación como el de seguimiento y el de gestión económica”, como recoge Vanitatis.

La popular juez considera que los acusados “omitieron iniciar y continuar los correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales públicos comprometidos”, y que confeccionaron las resoluciones de exoneración que permitieron que “multitud de empresas, sin justa causa, continuaran recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones anteriores pendientes de justificar”.

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