Pío Cabanillas: “Es muy cómodo centrar las críticas en Prado del Rey”
Todo el debate sobre el futuro de la televisión pública en España gira en torno a cuatro preguntas básicas que hay que hacerse con tanta claridad como honestidad. A saber: - ¿Queremos una televisión pública?
Esta pregunta implica en primer lugar definir cual es la función de servicio público que habría de encomendarse a una televisión pública. O, dicho de otra forma, ¿creemos que hace falta proteger y fomentar ciertos valores ajenos a las reglas del mercado, o que hace falta proteger la educación de y para todos, o el acceso universal a la información, el ocio o la cultura?, ¿O creemos que la televisión pública es factor imprescindible de cohesión social y territorial? En segundo lugar, esta pregunta también implica rechazar un equívoco que planea sobre la mayoría de los debates: ¿nos referimos sólo a RTVE o, como debería ser, a la totalidad de emisoras públicas ya sean autonómicas o locales que también conforman el paisaje público en España? Es muy cómodo centrar las críticas en Prado del Rey pero tan públicas son las unas como las otras. Tan monopolio es RTVE a nivel nacional como TV3 en Cataluña, TVGA en Galicia, Canal Nou en Valencia, Canal Sur en Andalucía o Euskal Telebista en el País Vasco, por citar algunas. Tan distorsionante para la competencia es la financiación pública de una televisión municipal o autonómica como la de una estatal. Dicho en otras palabras, ¿debe ser nuestro objetivo acabar con el principio según el cual cada administración quiere su televisión? En tercer lugar, ¿podemos afrontar el futuro audiovisual centrándonos sólo en la reforma de la televisión pública, o debemos extender el análisis al panorama audiovisual en su conjunto? ¿Al duopolio de televisión en abierto, al monopolio de pago, a la televisión digital, o a la televisión local?
- Qué dimensión debe tener?
¿Debe ser una televisión fuerte que abarque toda la temática audiovisual, o convertirse en un ente subsidiario que produce y emite aquellos programas que los operadores privados rechacen por su escasa o nula rentabilidad económica? Obviamente el tamaño vendrá determinado por el fin que se proponga. Ahora bien, lo que parece claro es que no hay término medio. O se tiene una televisión completa con toda su pluralidad de contenidos y servicios, o se debe evitar un engendro informe y sin identidad que emita sólo lo que le conviene a las televisiones privadas.
- ¿Cómo ha de financiarse?
¿Ayudas, con cargo a los presupuestos del Estado, vía canon, a través de la publicidad, con patrocinio privado, fundaciones privadas o asociaciones de vecinos, o con formulas mixtas? Si hemos querido que sea grande y que haga frente a programaciones tan costosas que para una empresa privada sea inviable producirlas, no cabe descartar al Estado y a su Presupuesto. Y no sólo acudir al mismo durante un ejercicio. Al fin y al cabo esos objetivos no se consiguen en pocos meses. Ha de ser una financiación estable en el tiempo y fijada a medio plazo.
- Por último, ¿Cuál es la más correcta organización institucional para desarrollar eficaz y fielmente la función de servicio público que le sea atribuida? Mejor será que esta televisión goce de un estatuto que la regule, que establezca sus órganos de administración y delimite sus obligaciones para con la sociedad – en particular, las obligaciones de pluralismo e independencia -
Estas son las preguntas clave pero la respuesta es obligación de todos, o mejor, de nuestros representantes políticos. Y si se responde en positivo a estas cuatro preguntas habrán reconocido el carácter necesario de la televisión pública, y habrán diseñado los términos para la renovación de un grupo que lleva veinte años esperando un nuevo modelo. Otras entregas anteriores: -Mikel Lejarza: “Sean modernos”
-Mainat: “Señor Bustamante, estoy enfadado”
-Alejandro Perales: “La privatización parcial carece de sentido ahora”
-Enrique Bustamante: “La frívola imprudencia del Sr. Mainat”
-Josep M. Mainat: “La inexperiencia del Comité de Expertos de RTVE”
