Control de contenidos Polémica por la creación del Consejo Audiovisual Estatal

Opiniones favorables y contrarias a este organismo, cuyo anteproyecto de Ley remitirá el Gobierno al Congreso próximamente, y que podrá revocar las concesiones de TV por el contenido de sus programas

El Gobierno dice que la función de la institución será "defender los derechos y no socavarlos"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó hoy que la creación del Consejo Audiovisual Estatal --cuyo anteproyecto de Ley remitirá el Gobierno al Congreso próximamente-- tendrá como función "defender los derechos de los ciudadanos y no socavarlos", y recordó que España es el único país de la Unión Europea que carece de una autoridad nacional sobre medios de comunicación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta explicó que el anteproyecto de ley presentado en junio tiene como principal objetivo garantizar que se cumpla la Ley, "y que lo hagan todos los medios audiovisuales que operan en España". "El fin es defender al espectador y que se establezca una protección reforzada para los sectores vulnerables y los más expuestos", dijo de la Vega.

Acerca de las atribuciones del futuro órgano, la vicepresidenta recordó que el régimen sancionador de medios audiovisuales ya existe y que los tribunales siguen constituyendo una garantía de los ciudadanos, "y éstos van a ser siempre los que fijen el criterio". "Las leyes establecen sanciones en la regulación de un ámbito, y de hecho actualmente se están imponiendo por la Administración, pero estas sanciones son recurribles ante los tribunales", explicó de la Vega.

"No existe ningún tipo de contradicción --prosiguió--. La Ley aprobada en el Parlamento fija los criterios a la hora de regular el sector, respetando algo tan sagrado como la libertad de expresión, pero si se ejerce un derecho de manera determinada, o se otorga una licencia con arreglo a unas condiciones y no se cumplen, o se vulnera un convenio internacional con relación a la protección de la infancia, hay unas normas que hay que cumplir", puntualizó la vicepresidenta del Gobierno.

Así, lo que el anteproyecto de ley establece, según dijo, es "desapoderar a la Administración de la facultad sancionadora" para atribuir de esta capacidad a un organismo emanado del Parlamento e independiente de la Administración. "El Consejo Audiovisual hará lo que la ley diga, y sobre todo va a tener capacidad para salvaguardar los derechos de los ciudadanos, no para sancionar", matizó.

De la Vega recordó que en esta materia, el Ejecutivo "tiene la primera palabra pero la última", ya que la Ley del Consejo Audiovisual Estatal debe ser aún debatida en el Parlamento, previa aprobación en el Consejo de Ministros. Fuentes oficiales aseguraron a Europa Press que el anteproyecto ya ha sido visto por el Consejo de Estado y que será remitido al Congreso junto a la Ley General Audiovisual en las próximas semanas.

Acerca del informe del Consejo Audiovisual de Cataluña, puntualizó que, si bien no conoce el citado foro, el texto tiene a su juicio un "carácter declarativo que no es sancionador". "Si me piden mi opinión, a lo mejor no lo habría hecho así --matizó de la Vega--, pero esta es sólo mi opinión", dijo por último.


PSOE pide "coherencia" al PP, que defendió en octubre la necesidad de este órgano

El portavoz del Grupo Socialista en la comisión de control parlamentario de RTVE, Óscar López, pidió al PP que "corrija su actitud incoherente e hipócrita" al oponerse a la creación de un Consejo Audiovisual Estatal, proyecto que apoyó en octubre en sede parlamentaria, tras la presentación de una iniciativa de CiU que defendía la necesidad de la creación de este órgano, según el diputado socialista.

El portavoz del PSOE invitó además a los miembros del PP a "releer su programa electoral de 2004, en el que proponían la creación de este organismo" ante lo que, señaló, "no puede entenderse que el PP diga ahora que poner en marcha el Consejo Audiovisual es inconstitucional y una forma de censura".

En este sentido, exigió "coherencia" al PP y le reclamó "que expliquen a los ciudadanos a qué se ha debido este cambio radical de actitud" y por qué renuncian a uno de los compromisos con los que se presentaron a las elecciones de marzo de 2004.

"No puede ser que defendieran la creación de este Consejo en su programa electoral, que lo defendieran en sede parlamentaria y que, de golpe, sea inconstitucional y atente contra una pilar esencial del régimen democrático", subrayó López.

Por último, señaló que "frente a la incoherencia manifiesta del PP, el PSOE siempre ha mantenido que esta propuesta era necesaria, pero que tenía que llegar desde el Gobierno, y eso es precisamente lo que ha sucedido".

González Urbaneja: sería "muy peligroso" que el Consejo Audiovisual Estatal controlase los contenidos

El presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Fernando González Urbaneja, advirtió hoy de que "puede ser muy peligroso" que el Gobierno confiera al anunciado Consejo Audiovisual Estatal de capacidad de control sobre los contenidos de los medios.

En declaraciones a la Cadena COPE recogidas por Europa Press, González Urbaneja aseguró que cualquier Consejo Audiovisual "sólo debe servir para ordenar el sector y evitar el partidismo".

El presidente de la FAPE recordó también que en "España tenemos una corta tradición en la libertad de expresión y sería muy peligroso que este Consejo entrara en los contenidos puesto que además podría vulnerar el artículo 20 de la Constitución".

Según informaron a Europa Press en fuentes oficiales, el anteproyecto de ley del Consejo Audiovisual Estatal, que ya se presentó en el Consejo de Ministros del pasado 23 de junio como parte de las reformas del sector audiovisual, ya ha sido visto por el Consejo de Estado y será remitido al Congreso junto a la Ley General Audiovisual en las próximas semanas.

Sindicatos de periodistas apoyan que el Consejo sancione vulneraciones "deontológicas elementales"

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) defendió hoy la necesidad de que el Consejo Audiovisual Estatal --cuyo anteproyecto de Ley remitirá el Gobierno al Congreso próximamente-- vigile el respeto de los medios audiovisuales a la Constitución y "sancione el incumplimiento de los criterios deontológicos periodísticos elementales", ya que, recuerdan, estos medios utilizan radiofrecuencias concedidas por las administraciones públicas y por ello deben respetar estos principios básicos.

La organización asegura que siempre ha defendido la necesidad de que la profesión periodística sea regulada por ley "para garantizar que se va a cumplir el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz". "Que un órgano independiente vigile el cumplimiento de esas obligaciones no es una censura como la que existía en el franquismo, ni tampoco una suplantación del papel de los jueces", asegura la Federación en un comunicado recogido por Europa Press.

"Existen muchas conductas periodísticas contrarias a las más elementales normas deontológicas que no constituyen delito, pero que son defendidas por sus autores bajo el paraguas de la libertad de expresión: son éstas las que deben ser sancionadas por un órgano independiente, puesto que los jueces no lo van a hacer al no entrar en el terreno delictivo", explica FeSP.

La Federación de Sindicatos vincula las declaraciones surgidas contra el CAC al mismo rechazo por parte de algunos medios de comunicación al proyecto de Estatuto del Periodista Profesional, que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso de los Diputados.

Según señalan, estos medios de comunicación "dan ahora un paso más: cuando un órgano independiente como el Consejo de lo Audiovisual elegidos por el Parlamento tiene la potestad no sólo de realizar informes sino de sancionar, se produce una reacción de las empresas y de algunos políticos y profesionales de la información que ponen en cuestión todo el proyecto de reforma del sector audiovisual español, que empieza a vislumbrarse tras muchos años de retraso respecto a Europa".

El consejo podrá revocar las concesiones de TV por el contenido de sus programas

Por su interés reproducimos el siguiente artículo de Rosario G. Gómez que publica hoy El País:

El Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales que ha diseñado el Ministerio de Industria, dirigido por José Montilla, tendrá competencias para controlar, inspeccionar y sancionar a los operadores de radio y de televisión. Las faltas muy graves, como la vulneración del "pluralismo" y la "veracidad" de las informaciones acarrearán una multa de hasta un millón de euros y la posible revocación de la concesión. Las resoluciones del consejo podrán ser recurridas ante los tribunales.

El Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, según figura en el anteproyecto de ley, tendrá menos competencias que el Consejo Audiovisual Catalán (CAC), ahora mismo envuelto en la polémica por su informe sobre la Cadena Cope, en el que concluye que la emisora incumple el régimen de concesión porque sus programas La mañana y La linterna vulneran el honor de las personas y ejercen la "denigración pública". A diferencia de la autoridad autonómica, la estatal no tendrá potestad para adjudicar licencias de radio o de televisión. Esta prerrogativa continuará en manos del Ejecutivo.

Incumplir las obligaciones en defensa del pluralismo (incluido el lingüístico) y de los derechos de los ciudadanos se considerarán faltas muy graves, así como vulnerar los principios de objetividad y veracidad de las informaciones, la no separación entre informaciones y opiniones, la vulneración del derecho al honor, la fama y la intimidad personal y familiar y la protección de la infancia y la juventud.

Los siete miembros del consejo serán designados por una mayoría de dos tercios por el Congreso. Su mandato será de seis años, superior a la duración de una legislatura.

En materia de contenidos audiovisuales, este organismo vigilará los principios establecidos en la Ley General Audiovisual. Este texto fija un catálogo de sanciones muy graves, entre las que figuran la emisión de programas que que infrinjan "de manera grave y reiterada" los principios y valores constitucionales y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Mención expresa se hace a aquellos contenidos que incluyan programas, escenas o mensajes "que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores" o aquellos otros que "fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social". En el mismo caso se encontrará el operador que haya incumplido de forma reiterada las circulares y resoluciones vinculantes dictadas por los órganos de control y supervisión.

La ley prevé también la suspensión "temporal" mediante la emisión de una imagen en negro que ocupe toda la pantalla en los casos en los que las televisiones cometan una infracción muy grave que afecte a los contenidos audiovisuales. El tiempo de esta sanción será variable. Podrá ser equivalente a la duración del espacio en el que se cometió la infracción o prolongarse durante tres días.

La ley penalizará la emisión de mensajes cifrados o subliminales o aquellas señales de identificación que sean falsas o engañosas, así como la "negativa, resistencia u obstrucción" que impida o dificulte la difusión de los comunicados o declaraciones que el Gobierno o la autoridad correspondiente considere necesario difundir a través de los medios de comunicación.

Las sanciones serán públicas,según establece el anteproyecto de ley, y llevarán aparejada la obligación de difundir las resoluciones que las motiven. Se podrá suspender temporalmente la difusión de canales o de un programa concreto durante un mes, aunque en los casos más graves se llegará al precinto de los equipos y de los aparatos de emisión. En casos de urgencia, las medidas disciplinarias podrán ser acordadas antes de la incoación del expediente sancionador.

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