Prensa, telespectadores y sindicatos, divididos ante la prohibición de tomar imágenes de detenidos

Asociaciones de prensa, sindicatos y asociaciones de telespectadores y usuarios se han mostrado este jueves divididos ante la modificación del PP de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proteger la imagen de los detenidos, posicionándose en contra o por el contrario pidiendo “buscar equilibrio” con el derecho de los arrestados.

Entre los que se encuentran en la postura contraria se ha pronunciado la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que ha rechazado la enmienda 'popular' al entender que vulnera el derecho constitucional a la información. “Lo que pretende es ocultar a los ciudadanos las imágenes de hechos de interés general”, ha señalado.

“Cuando la policía detiene a alguien, bien por orden de un juez o por la comisión de un delito 'in fraganti', está defendiendo la seguridad de los ciudadanos, por lo que no se entiende que se pretenda ocultar la toma de imágenes de un hecho que, por afectar a la seguridad de todos, es de interés general”, ha explicado la asociación, que ha instado tanto al PP como a CIU para que “recapaciten” y retiren la enmienda.

En esta misma línea, UGT ha mostrado también su “rechazo” a la enmienda al entender que debe predominar el derecho a la información. “Cuando hay una colisión entre dos derechos fundamentales como el del honor y la intimidad por un lado y el de la información por otro, entendemos que debe predominar el derecho colectivo”, ha apuntado.

En este sentido, el portavoz estatal de la agrupación de periodistas del sindicato, Mariano Rivero, ha explicado en declaraciones a Europa Press que se guían por el criterio del Tribunal Constitucional, que considera un derecho individual el del honor y colectivo el de la información. “De llevarse a cabo supondría un ataque a la libertad de información”, ha añadido.

La 'pena' del telediario

Por el contrario, la presidenta de la Federación de la Asociación de Periodistas en España (FAPE), Elsa González, ha solicitado tanto a los periodistas “ejercer con ética” la labor informativa, como al Gobierno “facilitar” su trabajo a los medios de comunicación.

“Recientemente hemos visto a personas que después de ser imputadas, han salido limpias del proceso judicial y ya han sufrido esa denominada pena de telediario. En todos los aspectos hay que ser responsables, pero los periodistas deben de cumplir el código deontológico y ser muy cuidadosos para no atentar contra el honor de las personas”, ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Mientras, el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), sí entiende necesario “encontrar el equilibrio” cuando se produce esa colisión de derechos. “Lo que hay que determinar es dónde está la relevancia informativa en estos casos y si se hace sensacionalismo o espectacularizar la realidad en lugar de dar información”, ha indicado.

El mal menor

En cualquier caso, Perales ha reconocido que “siempre se preocupa” por cualquier tipo de restricción que se le quiera hacer a los medios a la hora de realizar su labor. “Puestos a elegir el mal menor, yo siempre apostaría por la libertad de los medios para elegir contenidos”, ha resaltado.

Por último, el portavoz de la Asociación de Telespectadores y Radioyente (ATR), Mariano González, ha calificado como “tema complicado” esta decisión, ya que “las dos partes tienen sus derechos”. “El periodista y la sociedad tienen que saber quiénes son los detenidos y esas personas tienen el derecho a su imagen, que a veces se ve dañada”, ha señalado.