Prisión sin fianza para el actor de 'El Príncipe' en busca por narcotráfico

El Juzgado de Instrucción número 1 de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha ordenado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el actor de la serie 'El Príncipe' Naoufal Azoouz, a quien se atribuyen presuntos delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal por su supuesta vinculación con una trama dedicada al tráfico de hachís que ha sido desmantelada por la Guardia Civil en el marco de la operación 'Yupi'.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el actor ha acudido voluntariamente a declarar ante el juzgado, ordenando su titular el ingreso en prisión provisional incondicional a petición de la Fiscalía, que ha solicitado esta medida argumentando que existe riesgo de fuga.

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el abogado del actor, José Carlos Aguilera, ha anunciado que presentará un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz, al entender que la decisión del juzgado es “difícilmente explicable, ajena al sentido común y a cualquier criterio de racionalidad mínimo”, pues “no tiene sentido alegar riesgo de fuga para una persona que comparece voluntariamente ante un juez de instrucción”.

El letrado ha explicado que su patrocinado tuvo conocimiento de que estaba en busca y captura “a través de los medios de comunicación” el pasado viernes, a raíz de una rueda de prensa sobre la operación 'Yupi' ofrecida en Cádiz. Tras enterarse, lo que ha hecho ha sido “acudir voluntariamente al juzgado para colaborar con la justicia” y aclarar que no tiene “ninguna relación” con esa organización narcotraficante.

Aguilera ha remarcado que, con anterioridad a que se difundiera en los medios, Naoufal Azoouz no tenía conocimiento de que hubiese dictada una orden judicial de busca y captura contra él desde el 6 de abril en el marco de esta investigación, y ello pese a que “tiene domicilio conocido del que no se ha ausentado”.

“Malos tiempos para la presunción de inocencia”

El abogado ha insistido en que es “un insulto al sentido común” que una persona que comparece voluntariamente para ofrecer “todo tipo de explicaciones” ingrese en prisión alegando riesgo de fuga, apostillando que corren “malos tiempos para la presunción de inocencia y el derecho a la libertad”, que parecen estar “de rebajas en este país”.

En su opinión, la autoridad judicial podría haber recurrido a otro tipo de medidas --como la retirada del pasaporte, la imposición de una fianza o la obligación de comparecer periódicamente-- antes de llegar a la privación de libertad, máxime teniendo en cuenta que “el Tribunal Supremo dice que nunca se puede presumir el riesgo de fuga en alguien que comparece voluntariamente ante un juez de instrucción”.

Por ello, el letrado ha adelantado que planteará un recurso de apelación contra esta decisión, al tiempo que ha enfatizado que “no puede haber menos argumentos y menos razones” para vincular a su patrocinado con esta operación.

Aguilera ha hecho esta afirmación tras “estudiar en profundidad la causa”, destacando en este punto la cantidad de “errores” que se cometieron al informar a los medios de la operación, que, según ha indicado, van desde la cifra de detenidos hasta la cantidad de droga intervenida, que se dijo que eran 4,2 toneladas de hachís cuando son “unas 2,2 toneladas”, según ha apuntado a modo de ejemplo.

También ha comentado que la investigación por la operación 'Yupi' “se inició en 2014” y que su patrocinado no aparece en la causa “hasta hace tres meses”, y simplemente porque, tal y como ha reconocido ante el juez, “conoce” al presunto cabecilla de la organización porque “frecuentan sitios comunes en Marbella”, donde reside el actor.

Igualmente, ha apuntado que basan su acusación en los mensajes a un número de teléfono cuya titularidad atribuyen a Naoufal Azoouz, quien ha “negado rotundamente” ser titular de esa línea.

Finalmente, el abogado ha considerado que todo parece “un episodio más de 'El Príncipe' que alguien quiere escribir”, reiterando que la presunción de inocencia y el derecho a la libertad parecen estar “de rebajas” en España.