¿Fraude en la tele?

El Senado denuncia la existencia de concursos 'amañados' en televisión

La coordinadora de la ponencia de estudio de los derechos de la audiencia televisiva del Senado, Eva Navarro, ha denunciado que según los testimonios recogidos por este grupo de trabajo, en algunos de estos programas, con llamadas de teléfono de los espectadores, se dan “comportamientos preestablecidos y amañados”.

La senadora popular declaró en rueda de prensa que en algunos de estos concursos “no existen criterios objetivamente seguros para la audiencia cuando se proclama la elección del ganador, lo que implica un fraude al espectador”.

Para evitar estas anomalías, Navarro aboga por establecer una norma que regule la actuación de los notarios, ya que en la actualidad el fedatario público está siendo utilizado para dar “apariencia de verosimilitud”, participando solamente en la fase final del concurso, sin haber presenciado todo el proceso ni tener a su disposición las bases.

Según explicó la senadora del PP, la Agencia de Protección de Datos realizó una inspección de oficio en las cadenas de televisión y las empresas que gestionan los servicios de mensajes de texto (SMS) y líneas 900. Sólo las primeras ejercen algún tipo de control sobre los ficheros de concursantes que manejan, no así el resto de las empresas implicadas en el sistema de juego.

Para Navarro, la indefensión del usuario es completa, sobre todo en el caso de las televisiones locales, donde se concursa con una pregunta de respuesta obvia ('¿De qué color es el caballo blanco de Santiago?') y lo único que interesa es que se prolongue la duración de la llamada.

El Senado propone un órgano de arbitraje para resolver conflictos entre cadenas y espectadores El Senado plantea otras 3 iniciativas legislativas: configurar un marco legal que regule las actividades audiovisuales para todo el Estado, el derecho de explotación de imagen y la cesión de derechos de explotación.

El Senado propone incentivar un sistema de autorregulación del sector audiovisual basado en un Código de Buenas Prácticas y Conductas, que tendría que recoger el régimen sancionador y la constitución de un órgano de naturaleza conciliadora y arbitral para resolver los conflictos que puedan presentarse entre los propias cadenas de televisión o entre éstas y los usuarios y consumidores.

Esta es una de las conclusiones de la Ponencia de estudio de los derechos de la audiencia televisiva incluida en el informe que tiene previsto aprobar la Comisión de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la cámara alta.

Asi, se aboga también por configurar un marco legal que regule las actividades audiovisuales para todo el territorio del Estado, con respeto a las competencias que sobre esta materia tienen las Comunidades Autónomas.

Como tercera medida, se apuesta por regular el derecho de explotación de imagen y la cesión de derechos de explotación (alcance y límites). Esta iniciativa debería de tener por ámbito no sólo los concursos televisivos sino todos los demás sectores (espectáculos, fútbol, merchandising y otros), todo ello con respeto a las competencias que sobre esta materia tienen las Comunidades Autónomas, subraya el informe.

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