Televisión pública De la Vega pide 'medidas reales' para evitar la 'muerte' de TVE

Advierte que la "mera" reducción publicitaria es algo "irresponsable"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró hoy que sería un acto "irresponsable e irreal" la mera reducción matemática de publicidad en TVE sin tomar otras medidas para lograr una "financiación alternativa".

Durante su intervención en la jornada anual de la Unión de Televisiones Comerciales de España (UTECA), De la Vega explicó que esta actuación necesita de "decisiones estructurales" para no llegar a la "muerte y desaparición" de la televisión pública.

Según la vicepresidenta, la reducción publicitaria de un minuto por hora en RTVE a lo largo de 2008 ha sido "positiva" para el sector, ya que ha contribuido a su "estabilidad". Asimismo, destacó que ha permitido paliar las consecuencias de la caída del mercado publicitario en televisión para las operadoras privadas "sin apenas consecuencias para la Corporación".

En esta misma línea, reiteró la intención del Gobierno de continuar "hasta el final" con los recortes en los tiempos de emisión de anuncios en TVE, apoyándose en medidas "estructurales" y lejos de "soluciones coyunturales".

De la Vega explicó que la futura Ley General Audiovisual supondrá un contrato entre operadores públicos y privados con "derechos, obligaciones y unas fórmulas de financiación claras". "Hay dos maneras de hacer las cosas, contando con todos o el sálvese quien pueda, y el Gobierno apuesta por la primera", señaló.

Además, incidió en reformar el modelo audiovisual con el objetivo de establecer un "horizonte temporal de tres lustros". "Es necesario que las operadoras tengan cuanto antes seguridad sobre la estabilidad normativa, las opciones de negocios y sus frecuencias digitales", subrayó.

La UE “va a condicionar” las actuaciones del Gobierno

Por otra parte, aludió al proceso abierto por la Comunidad Europea para definir un nuevo marco legislativo en el sector audiovisual debido al desarrollo de nuevas tecnologías. Así, explicó que la decisión del Ejecutivo comunitario "va a condicionar" las actuaciones del Gobierno en este campo.

No obstante, recordó que España quiere tener una "participación significativa" a la hora de establecer estos criterios e indicó que en la puesta en marcha de nuevas decisiones "bastará con la voluntad política del Gobierno".

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