Zapatero asegura que “no se va a cerrar ninguna página web”
“No se va a cerrar nada, ninguna página web ni ningún blog”, ha asegurado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una rueda de prensa tras un encuentro con líderes europeos, para aclarar la polémica surgida ayer.
“Si se ha interpretado del anteproyecto alguna posibilidad de cerrar alguno de los espacios de los sitios que está en la red, ya digo que no bajo ningún concepto”, afirmó anoche.
Las palabras de Zapatero se produjeron después de las protestas de los internautas ante el temor de que una comisión administrativa pudiese decidir el cierre de página web que vulneren la propiedad intelectual.
“Si hay que aclarar algo desde el punto de vista de la redacción se hará y lo hará el Ministerio de Cultura, junto con el Gobierno y, por supuesto, les voy a dar mi opinión, ha de prevalecer siempre la libertad de expresión”, añadió.
“Cualquier país serio procura proteger la propiedad intelectual”
Zapatero ha querido ser igual de tajante sobre la necesidad de controlar las descargas, “porque si no, nos quedaremos sin fuerza intelectual, sin creación intelectual”.
A su entender, “no se está protegiendo al creador sólo, también a todos los que disfrutan de esa creación”. “Si no la protegemos, se acabará. Cualquier país serio, cualquier gran país, procura proteger la propiedad intelectual”, ha remarcado.
Cultura e internautas no llegan a acuerdo sobre ley 'antidescarga'
La reunión entre representantes del ministerio de Cultura, incluida Ángeles González-Sinde, e internautas relevantes ha concluido este jueves sin un acuerdo sobre la disposición del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que permite los cortes por orden administrativa -mediante una comisión de Propiedad Intelectual- a las webs que alojan contenidos ilegales, tras una reunión de más de dos horas de duración.
Los internautas, que han facilitado sus impresiones a lo largo de todo el encuentro a través de Twitter, se marchan con “una mala sensación”, puesto que entienden que el ministerio no ha mostrado en ningún momento “voluntad de diálogo”.
Sus representantes han amenazado en varios momentos con marcharse de la reunión, ya que la postura de Cultura fue la de no modificar el documento y convocar una reunión tras las navidades.
El motivo de este aplazamiento sería la de conocer la redacción del reglamento que desarrolla el cierre de webs. Según los presentes en la reunión, los representantes de Cultura han adelantado que el primer artículo de este documento servirá para “concretar” qué son las webs con música y de pago.
La ministra de Cultura Ángeles González-Sinde ha estado presente hasta la mitad de la reunión, aunque la abandonó para acudir a la inauguración de un museo. A lo largo de este encuentro se han producido varios momentos tensos, como cuando el periodista Ignacio Escolar criticó que esta propuesta se acercase al modelo chino -con una evidente censura-. “¿Vais a hacer que España sea como China?”, preguntó Escolar, a lo que respondió Cultura -según la versión de los blogueros-: “Ya lo es”.
Sinde dice que ha sido “positiva e interesante”
González-Sinde calificó la reunión mantenida esta mañana con los internautas de “muy positiva, importante e interesante” y recordó que la Comisión de propiedad intelectual “actuará cuando haya una denuncia por una parte que se sienta afectada porque una obra de la que es propietaria está siendo explotada sin licencia y sin permiso en alguna página”. “Esta es una medida que busca afrontar la oferta ilegal, de ninguna manera perseguir al usuario”, insistió la ministra.
La ministra, que hizo estas declaraciones antes de la inauguración de Museo Romántico (cerrado desde hace nueve años) desveló que en el citado encuentro los internautas han expresado “sus preocupaciones sobre el posible mal uso que podría tener esa ley, los aspectos con los que hay que tener cuidado, las posibles vías en este momento de transformación tecnológica y digital y los caminos de nuevas formas de negocio”. “Será la primera de una serie de reuniones y el intercambio de ideas va a ser muy positivo”, aventuró.
La titular de Cultura explicó que en el proceso legal que se seguirá la citada Comisión de propiedad intelectual “actuaría e investigaría a petición de la parte afectada”. Ahora bien, “si hubiera derechos fundamentales implicados lo derivaría automáticamente a un juez, cumpliendo con la ley, como no puede ser menos”, aclaró.
En el caso de que no afectara a los derechos fundamentales de las personas “se actuaría pidiendo la identificación de los titulares de esa página a las empresas de telecomunicaciones y se procedería a adoptar medidas cautelares si hiciera falta”, dijo. “Depende en cada caso de los derechos afectados y se actuaría conforme a la ley garantizado siempre los derechos de libertad de expresión y de creación artística y los derechos fundamentales de las personas”, continuó.
“Complicado y cambiante”
Preguntada por la demanda expresada esta misma semana por los músicos que consideran el intercambio de archivos P2P como el problema principal, la ministra de Cultura argumentó que eso “sólo demuestra lo complicado, lo cambiante y la de desafíos que nos supone a todos Internet porque lo que a unos les parece excesivo a otros les parece que no llega a atajar de manera rápida el problema”.
González-Sinde se mostró partidaria de analizar la cuestión “con serenidad y tranquilidad” e indicó que es preciso verlo también en el contexto europeo, tomando nota de las medidas que vayan adoptando otros países y lo que en la Comisión Europea se vaya debatiendo durante la presidencia española, “Seguro que los contenidos en línea será uno de los temas sobre la mesa”, afirmó.
Internet se moviliza en defensa de sus derechos fundamentales
Más de 11.000 usuarios de Facebook y cerca de 100.000 webs ya han apoyado el manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet y en contra de las modificaciones que propone el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, publicado ayer.
Según explicó la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, la nueva norma permitirá el bloqueo de páginas web previamente denunciadas: “La Comisión sólo actuará por petición expresa de una parte; es decir, si alguien denuncia que una página web está traficando, difundiendo sin permiso, sin licencia, sin remuneración con contenidos de obras ajenas, en ese momento actuará”.
El manifiesto reclama que no puedan situarse los derechos de autor por encima de los derechos fundamentales y que la suspensión de esos derechos sea y siga siendo competencia exclusiva de los jueces. Advierte también de que la nueva legislación creará inseguridad jurídica en el sector tecnológico español y considera que amenaza a los nuevos creadores “y entorpece la creación”, al tiempo que reclaman que “internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas”.
Desde la oposición, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, acusó al Gobierno de “tirar por la ventana la protección de las garantías y derechos civiles” con esta norma que, según dijo, supone la creación de una “policía cultural” e impone “la censura”.
Del otro lado, el presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, considera “insuficientes” y “un primer paso” estas medidas antipiratería, porque no tienen en cuenta a los usuarios particulares. Descarta que “vayan a provocar un descenso apreciable de la piratería” en España.
MANIFIESTO DEFENSA DERECHOS FUNDAMENTALES DE INTERNET
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
