El concurso de TV local fraudulento obtenía 60.000 euros de media al día

El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial al matrimonio formado por Rodrigo C.C. y Rosario C.Z., y a sus hijos Recaredo y Rosario, todos ellos de nacionalidad española, por un presunto delito continuado de estafa mediante un concurso televisivo que emitían varias cadenas locales. Además, los presentadores del mismo están siendo investigados.

Según informó hoy en rueda de prensa el jefe de dicho grupo --adscrito a la Unidad Central Operativa (UCO)--, comandante Juan Salom, se estima los ingresos de esta actividad fraudulenta en una media diaria de 60.000 euros y de cinco millones de euros para el montante de la estafa. Esta cantidad podría incrementarse en caso de que los premios no fueran entregados, circunstancia que se está indagando.

Salom explicó que el fraude se realizaba a partir de la emisión de un concurso que consistía en adivinar la respuesta de preguntas “muy elementales” --refranes conocidos, fotos ligeramente manipuladas, diferencias ostensibles entre imágenes, etc.-- mediante la llamada a un número telefónico de tarificación adicional (línea 806), cuyo coste era de un euro por minuto.

Los participantes ni siquiera conseguían hablar con persona alguna, ya que la llamada era contestada directamente por un ordenador, que activaba una locución informando del coste del servicio y el máximo legal de media hora de conexión, antes de dejar la llamada en espera o, en ocasiones, grabar la respuesta para, preseuntamente, guardarla en una base de datos.

El concurso --añadió el responsable de la Benemérita-- duraba entre hora y media y dos horas, y “curiosamente” sólo se acertaba la respuesta “cuando faltaban uno o dos minutos para su conclusión”, rellenando el resto del programa con falsas llamadas que simulaban desconocer la respuesta.

El espacio se emitía “cinco o seis veces al día” por las tres televisiones locales propiedad de la productora, con sede en la Comunidad de Madrid, y otras cadenas de otras provincias españolas, “a veces en directo y otras en diferido”. En este último caso, se insertaba el rótulo de “redifusión” al principio del programa, pero luego desaparecía, aparentando que el concurso estaba en marcha en esos momentos --incluso de madrugada--.

Salom se amparó en varias ocasiones en el secreto sumarial decretado por el Juzgado número 4 de Colmenar Viejo (Madrid) para no aportar la identidad de las cadenas emisoras, pero sí precisó que las que lo emitían “no tendrían responsabilidad penal, ya que no eran conscientes del engaño”.

En el caso de los presentadores, se está investigando su posible implicación en el fraude, pero en principio “la pretensión es ir contra los directivos de la productora, los creadores e impulsores de este programa”. En cambio, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) --cuyas denuncias pusieron en marcha la actuación de la Guardia Civil-- sí considera que podrían estar implicados.

DENUNCIAS DE LA OCU

Su jefa de prensa, Ileana Izverniceanu, destacó que la organización recibió más de un centenar de denuncias “y muchas más consultas”, pese a que “a la gente le da vergüenza reconocer que ha sido víctima de una estafa”. En este sentido, Salom animó a los estafados a denunciar ante la Guardia Civil, pese a que se trate de “microfraudes” de 30 euros por afectado.

Izverniceanu afirmó que la “víctima tipo” de este tipo de prácticas es una persona mayor, que vive sola y que “peca de ingenuidad ante la posibilidad de ganar un premio”, pese a que este fuera de escaso valor.

La OCU ya denunció por este motivo en el pasado mes de diciembre ante la Comisión de Seguimiento de Servicios de Tarificación Adicional (CSSTA) a varias cadenas locales de televisión solicitando la inmediata retirada de los números 806 porque compartían la programación donde “de forma descarada se engaña a los que intentan participar en sus inexistentes concursos”.

Su jefa de prensa criticó hoy de “lamentable” la actuación de este organismo del Ministerio Industria, Turismo y Comercio, ya que --acusó-- “no han hecho nada, sólo cortar una línea telefónica cuando tienen otras tres” en funcionamiento.

También reclamó el punto de vista de la Asociación de Empresas de Valor Añadido (AVA), que agrupa a los operadores de los servicios telefónicos de pago. “Nos gustaría oirles, que alzaran la voz y señalaran con el dedo a esa gente sin escrúpulos, para acabar con la demonización de los 806, que intrínsecamente no son malos”, declaró.