Escándalo ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la televisión para alcanzar mayor audiencia?

La cadena privada portuguesa SIC se enfrenta a denuncias por violación de intimidad

Está claro que la irrupción de los reality shows en las televisiones de todo el mundo ha despertado la controversia y levantado más de una polémica. Cada país por donde han pasado programas del tipo de Gran Hermano tiene sus anécdotas particulares y a cuál más extravagante.

La última de ellas viene de nuestra vecina Portugal, donde las dos cadenas privadas se tiran de los pelos día a día para robarse esos puntitos de share que, eso sí, hacen la diferencia.

Todo empezó cuando TVI arrasó todos los niveles de audiencia conocidos en el país luso con Gran Hermano. Su competidora, la SIC, no se sentía en condiciones de permitir semejante declive de espectadores, así que contra-atacó con una variante que se ha dado en llamar El bar de la TV.

El show se diferencia de su predecesor en que los concursantes, además de convivir en una casa, deben dirigir y servir en un bar que se abre al público. El escándalo comenzó el pasado martes cuando los padres de una de las participantes en el concurso, muy católicos y devotos de Fátima, acudieron al programa para convencer en directo a su primogénita de que debía salir de la casa. La discusión se alargó durante 50 minutos, que fueron emitidos íntegramente por la cadena, en los que llegaron incluso a amenazar con repudiarla si no lo hacía. En la conversación se hizo alusión a las habituales escenas de desnudos y a otra concursante que al parecer comparte lecho con un consolador. Tampoco se privó la SIC de emitir la charla que mantuvo la afectada hija con una psicóloga del programa momentos después.

Exhibicionismo

La patética escena que protagonizó la familia ha sido la gota que ha colmado ese vaso que es el concepto del show en sí mismo. Carlos Veiga Pereira, portavoz de la Alta Autoridad para la Comunicación Social (AACS), el órgano que regula el buen funcionamiento de los medios en Portugal, ha declarado que el programa “violó de forma grave los parámetros ético-legales que deben proteger la imagen de las personas y la reserva de su intimidad, habiendo herido los derechos fundamentales y valores que integran la dignidad de la persona”.

Pero esto no fue todo, la frase que dijo a continuación era la que más temía la cadena: “la infracción de las normas puede acarrear sanciones económicas de dos a 50 millones de escudos (unos 60 millones de pesetas) y la suspensión de las emisiones por un periodo de dos meses”.

Del escándalo se han hecho eco también el obispo Januário Torgal; el presidente del Colegio de Abogados, Pires de Lima; el juez del Tribunal Constitucional, Paulo Mota Pinto y el vicepresidente del Grupo Parlamentario Socialista, António Reis.

Sin embargo, la cadena SIC se ha echado la manta a la cabeza en un comunicado en el que afirma que “las acusaciones carecen de fundamento y tienen una intención persecutoria”. Se justifica por “el silencio que la AACS ha mantenido frente a las constantes violaciones de la ley cometidas por un canal que compite con la SIC”, en clara referencia al Gran Hermano de la TVI.

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