ERE Casi 10.000 trabajadores de RTVE deciden hoy en referéndum la aprobación del plan de saneamiento

Los cuatro sindicatos han pedido el "sí"

Un total de 9.805 trabajadores del ente público de Radiotelevisión Española están llamados hoy a consulta en sus centros para decidir "si aprueban el acuerdo para la constitución de la nueva corporación RTVE firmado el pasado 12 de julio por la SEPI, la Dirección General de Ente Público y los sindicatos CCOO, UGT, APLI y USO". Ambas partes llegaron a ese acuerdo tras debatir el plan de saneamiento propuesto por el Gobierno, al que condicionaba el presupuesto anual de la casa. Estas cuatro formaciones sindicales han pedido el 'sí'.

En concreto, el censo está formado por 6.455 hombres y 3.350 mujeres, que podrán depositar su voto entre las 9 y las 19 horas de mañana. El resultado de la votación de mañana es vinculante y así se decidirá si se aprueban los términos generales del acuerdo, si bien desde el Comité General Intercentros --máximo órgano de representación de los trabajadores-- aclaran que "no se vota el ERE, porque todavía no está negociado", ni el nuevo convenio, sino "el acuerdo que permite dar una salida negociada y consensuada a la situación de RTVE".

De acuerdo con lo pactado el pasado mes de julio, el ente público, bajo su nueva denominación de Corporación RTVE, recortaría un total de 4.150 puestos de trabajo, hasta una plantilla objetivo de 6.400 trabajadores, regularizando en el proceso la situación de contratados por obra y temporales, con la generación de más de 1.300 nuevos puestos de trabajo. En el acuerdo también se mantenían abiertas emisoras locales de RNE, "sin cerrar ni una emisora", según los sindicatos, a excepción de la cadena en catalán Ràdio 4, "para la que se busca una solución alternativa", tal y como afirmó la directora general, Carmen Caffarel.

En caso de no ser aprobado, el presidente de la Sociedad Estatal de participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, dijo que el expediente de regulación de empleo (ERE) tendrá que llevarse a cabo siguiendo el plan alternativo ya presentado por la empresa ante la Dirección General de Trabajo, que conlleva "condiciones más difíciles" para los trabajadores.

El CGI señaló que "el final del proceso está pendiente de discutir muchos aspectos", algunos de ellos "fundamentales", admiten, como el nuevo marco laboral y los detalles del Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Sin embargo, desde el sindicato CCOO aseguran que los trabajadores que se acojan al ERE "lo harán conociendo, cuando llegue el momento, sus condiciones económicas particulares, lo que permitirá tomar su decisión con pleno conocimiento". En este sentido, consideran además que "el colectivo que no quiere marcharse es muy reducido y no será decisivo para la aplicación de los planes de empresa", y previenen de que si gana el 'no', "la negociación debería recomenzar y se perdería lo conseguido hasta ahora".

Por su parte, desde UGT también piden el voto afirmativo, por cuanto el "durísimo" plan de ajuste planteado en principio por la SEPI y la Dirección General "fue sustancialmente modificado por los sindicatos en una difícil negociación y se logro una base de mínimos sobre la que negociar un ERE, un Convenio Colectivo y ciertas medidas complementarias en condiciones mas favorables". Según UGT, el voto en contra "no ofrece más alternativa que volver a los planes iniciales de la SEPI contra los cuales habrá que reproducir las movilizaciones y la huelga de una plantilla confundida".

El comité de empresa del ente público ha pedido el voto afirmativo y publicado los criterios dirigidos a la constitución de la nueva corporación: reconocimiento de un número de horas de producción propia, mantenimiento de la estructura territorial, continuidad de Orquesta y Coro y fondo documental, y la constitución de un área multimedia. En cuanto a las condiciones del despido, el comité destaca la mejoría de las condiciones y destacan que "se evita que los trabajadores sean trasladados de forma forzosa u obligados al despido indemnizado".

Como voz en contra, la 'Asociación de Afectados por el Plan de Saneamiento de RTVE' presentó ayer un informe jurídico según el cual el acuerdo firmado para la constitución de la Corporación es "ilegal", dado que fundamenta unas medidas de recorte de empleo en un criterio de edad, que califican de "contraria a la normativa comunitaria y laboral" y que consideran "una discriminación por razón de edad". Asimismo, denunciaron que se trata de un "referéndum a ciegas", porque lleva implícito un ERE "del que se desconocen sus aspectos más fundamentales".

La SEPI cree que "un número suficiente de trabajadores" apoyará el acuerdo

El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, se mostró hoy convencido de que "un número suficiente de trabajadores" apoyarán mañana en referéndum el acuerdo alcanzado el pasado 12 de julio con los sindicatos para la constitución de la nueva Corporación RTVE, ya que "todo el mundo es consciente de que del acuerdo se deduce una mejora muy importante para todos los trabajadores afectados por la nueva configuración de RTVE, tanto para los que se quedan como para los que salen".

No obstante, Martínez Robles advirtió que en caso de que el acuerdo no obtenga el apoyo mayoritario de los trabajadores, el expediente de regulación de empleo (ERE) tendrá que llevarse a cabo siguiendo el plan alternativo ya presentado por la empresa ante la Dirección General de Trabajo, que conlleva "condiciones más complicadas" para los trabajadores.

Asimismo, el máximo responsable de SEPI aseguró que el ERE "en absoluto es una medida que tenga carácter ilegal o pueda ser considerada inconstitucional", como defiende una plataforma de trabajadores 'afectados' apoyándose en un informe jurídico del despacho Cuatrocasas, ya que "de ninguna manera hace un ajuste o determinación del excedente de trabajadores en función de la edad". Por este motivo, consideró que una hipotética impugnación del proceso no prosperaría.

En relación con el referéndum vinculante de mañana, tras mostrarse confiado en que el acuerdo saldrá adelante, Martínez Robles consideró que si, por lo que fuese, el acuerdo no fuese apoyado", "eso daría lugar a que las condiciones en las que tiene que hacerse la adaptación de RTVE a la nueva situación serían más difíciles para los trabajadores y para la empresa".

Tras destacar que "los trabajadores y las organizaciones sindicales (UGT, CCOO, APLI y USO), RTVE, y SEPI han hecho un esfuerzo muy importante para consensuar un marco dentro del cual el paso a la nueva Corporación se haga en las mejores condiciones para los trabajadores y para la empresa", el presidente de SEPI indicó que el apoyo que previsiblemente darán mañana los trabajadores permitirá "continuar con las líneas de actuación que están previstas en el acuerdo".

"Si no se aprueba el acuerdo suscrito con los sindicatos, el ERE se hará en función de la segunda alternativa que la empresa tiene presentada ante la Dirección General de Trabajo, que contiene condiciones más difíciles", advirtió.

El ERE, un proceso legal y constitucional

Por otro lado, en relación con la presentación del informe jurídico que, según una plataforma de 'afectados' por el proceso, cuestiona la legalidad del ERE, Martínez Robles destacó en primer lugar que sólo se conocen unas conclusiones del mismo y no el documento en su totalidad, y se preguntó si la "falta de circulación" de este informe esconda que "probablemente no sea tan concluyente como nos intenta hacer creer la asociación que lo ha solicitado".

En cualquier caso, rechazó la principal conclusión del mismo, esto es, que el proceso sería ilegal al fundamentarse el ERE únicamente en el criterio de la edad, lo que sería discriminatorio, y señaló que "probablemente no se le haya proporcionado al autor de este informe todos los antecedentes", ya que "de ninguna manera lo que se hace es un ajuste únicamente en función de la edad".

"RTVE está en una situación muy difícil, con una determinada situación económica, laboral y social, y se han hecho estudios que han determinado el número de excedentes. Las prejubilaciones se arbitran como una de las medidas para solución de estos excedentes", explicó Martínez Robles, que defiende que "el hecho de determinar una edad concreta para acogerse a esta medida no puede considerarse de ninguna forma discriminatoria, ya que lo que se establece es que las personas que están en las mismas condiciones van a tener el mismo tratamiento". "Además, se prevén otras medidas para solucionar los excedentes, como son las bajas incentivadas", añadió.

A su juicio, a la hora de analizar la constitucionalidad del proceso "se tiene que ver si la medida es adecuada para obtener la finalidad que se persigue, que es el mantenimiento de la empresa y de la actividad, e incluso la creación de empleo, y si la medida discrimina o no a todos los que están en las mismas circunstancias". "Hay que concluir que no discrimina a todos los que están en las mismas circunstancias, y que sí es una medida proporcionada a la finalidad perseguida, ya que minora el efecto de la falta de empleo tanto desde el punto individual como colectivo", agregó.

Además, puso de relieve que "hay otras empresas que en situaciones parecidas han aplicado medidas análogas y nunca, en las que se han hecho en SEPI, ha habido ningún problema". "En absoluto es una medida que tenga carácter ilegal o que pueda ser considerada inconstitucional, sino al contrario", aseveró.

En consecuencia, el presidente de SEPI vaticinó que una hipotética impugnación de esta medida "no debería prosperar", máxime cuando desde SEPI se han hecho análisis sobre su legalidad y está convencido de que es un proceso que "cumple todos los requisitos necesarios".

Mantener la producción propia

Por otro lado, se mostró convencido de que la nueva Corporación de RTVE "dará mejor servicio que la actual RTVE" y destacó, en cuanto a su funcionamiento, que "no se pretende reducir la producción propia ni aumentar la externalización de los servicios", según lo acordado con los sindicatos.

Además, indicó que otro de los objetivos es "mantener una política de rejuvenecimiento de la plantilla y creación de empleo, con una administración más eficiente", si bien consideró que "es necesario que exista cierta temporalidad en la plantilla, aunque debe tener una dimensión razonable en relación con la plantilla fija" (el acuerdo fija un máximo del 10 por ciento de trabajadores temporales sobre la plantilla fija). "Si en el futuro hay que aumentar o disminuir este porcentaje, se hará en la misma forma en que se ha llegado a este criterio, de acuerdo con los sindicatos", agregó.

Por último, Martínez Robles aseguró que la estructura territorial de la nueva corporación "va a ser suficiente", ya que van a seguir existiendo todas los centros territoriales y van a seguir emitiendo todas las emisiones provinciales. "La estructura es suficiente para cumplir el objetivo que una radiotelevisión pública debe cumplir", concluyó.

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