Carmen Lomana: “¿Las personas normales pagamos las subvenciones que el Gobierno presume dar a los desfavorecidos?”

Carmen Lomana, durante su intervención en 'Espejo Público'

Espejo Público dedicó parte de su emisión del jueves a comentar, explicar y analizar la nueva factura de la luz. Para ello, el matinal de Antena 3 contó con la presencia de un experto en la materia, Javier Dasí, que aportó varios al respecto de este asunto. Entre otros, qué son los 'Cargos normativos', un concepto que aparece en la nueva factura y que concentra parte del importe de la misma.

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“Aquí se suele incluir lo que llamamos financiación del bono social. Las personas estamos financiando el bono social de otras personas vulnerables en lugar de hacerlo el Gobierno o las eléctricas, como se pensó en un momento”, señaló el experto. Carmen Lomana, que este jueves participó como tertuliana en el magacín de Susanna Griso, aprovechó las palabras de Dasí para formular una pregunta, cuando menos, controvertida: “¿Hay una gran cantidad de personas normales que estamos pagando las subvenciones de las que presume el Gobierno que le da a los desfavorecidos?”.

La cuestión, como decimos, no estuvo exenta de polémica, pues choca que Lomana se considere una persona “normal”, sobre todo al hablar de un tema económico, visto el alto nivel de vida del que presume. Aun así, la televisiva encontró el apoyo del experto, que le dio la razón. “Eso es una vergüenza, porque medio país está pagando impuestos para mantener a otro medio subvencionado”, añadió Lomana, visiblemente molesta.

“En esta historia, el Gobierno hace una ley o hace un decreto, no recuerdo exactamente, para que las compañías eléctricas, tanto comercializadoras como distribuidoras y productoras sean quienes asumen ese gasto o esa subvención. El problema es que como el Gobierno no especificó que no repercutiera en nosotros, las compañías han tardado en aplicarlo directamente en la factura”, comentó a su vez Dasí.

Susanna Griso, probablemente consciente de por dónde iba el debate tras los comentarios de Lomana, tomó el turno de palabra para señalar que “todos estaríamos dispuestos a pagar a escote a todas las familias vulnerables que no pueden hacer frente al recibo de la luz”. Después ya se unió al tono crítico de sus compañeros en relación a la compensación de las eléctricas. “¿Por qué tenemos que pagar la compensación a las gasistas? O sea, ¿no nos vendieron el tope de gas porque las empresas gasistas estaban ganando mucho dinero? ¿Por qué tenemos que pagarlo todos?”, preguntó la presentadora.

El Gobierno ha defendido la medida

“De hecho, cuando se anunció al principio la compensación al tope de gas”, explicó Dasí, “el Gobierno lo que dijo es que iba a haber una inversión o un coste de 6.300 millones de euros en España para bajar el precio de la luz”. “Todos entendimos que ese dinero iba a salir de otro sitio, que no iba a ser dinero nuestro de la factura directamente”, concluyó el experto.

Cabe decir que, según datos de elDiario.es, las medidas adoptadas por el Gobierno desde el verano de 2021 han supuesto un ahorro a los consumidores de 38.000 millones de euros. En este cómputo se incluyen, entre otros puntos, la reducción de los ingresos extra de las eléctricas por la subida del gas y el ahorro generado por la denominada Solución ibérica, que la Comisión Europea calculó en junio en cerca de 6.300 millones, precisamente la cifra señalada por Dasí. Eso sí, el coste del tope al gas que acompaña la medida -es decir, la compensación para las enérgicas- recae sobre los consumidores.

De hecho, dicha compensación se cargó en primer lugar a los consumidores beneficiados de la medida del tope de gas, algo que desde el Gobierno defendieron la pasada primavera diciendo que “no pagaremos más, porque el ahorro neto será superior”. Es decir, que desde el Ejecutivo reconocían el coste denunciado ahora por Lomana, pero asegurando que incluso así se paga menos que antes de la introducción de las medidas. Aun así, Podemos ha propuesto que la compensación la sufrague el impuesto extraordinario a las energéticas que se tramita en el Congreso.

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