Elena Sánchez Caballero fue nombrada el pasado martes nueva presidenta de RTVE, en sustitución de José Manuel Pérez Tornero tras su dimisión.
Ya entonces se explicó que su designación era de forma interina, por lo que no tendría todas las atribuciones completas del puesto, restándole capacidad ejecutiva. También contamos por qué se trataba de una provisionalidad sin atisbos de cambio, y que seguramente se mantenga como presidenta todo el año hasta las elecciones, por la práctica imposibilidad de que PSOE y PP lleguen a un acuerdo para nombrar a un décimo consejero (y posible presidente) que logre dos tercios de los apoyos en el Congreso.
El Gobierno ha reaccionado ya para solventar esas dos dudas. Como explica Efe, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una modificación de los estatutos sociales de RTVE para dotar a la nueva presidenta de más poderes para desempeñar su cargo. Con el cambio, aprobado mediante real decreto, Elena Sánchez tendrá unas competencias que no podría haber asumido con la redacción anterior de los estatutos.
El PSOE lo defiende, y el PP lo tacha de “escándalo”
Fuentes del Gobierno han explicado a Efe que era necesario dar este paso para facilitar la gestión de RTVE y para que no se vea “con las manos atadas” hasta que el Parlamento elija a un nuevo presidente de RTVE tras la dimisión de Tornero. Algo que, como repetimos, resulta difícil de imaginar por la ruptura entre el PSOE y el PP, lo que lleva a pensar que Elena Sánchez seguirá como presidenta hasta el final de esta legislatura.
Poco antes de que se confirmara que se había aprobado la modificación de los estatutos sociales de RTVE, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, había advertido de que sería “un auténtico escándalo” que se llevara a cabo esta “maniobra”.
A su juicio, el Gobierno está protagonizando “un asalto a la televisión y la radio públicas”. “Primero, impulsando la dimisión de quien presidía el Consejo de Administración, segundo nombrando a una persona con carácter interino, y un tercer paso dotándola de capacidad ejecutiva como si hubiera sido elegida por el Congreso”, ha añadido. Para ella, esta actuación se suma a la “ocupación” de otras instituciones por parte del Gobierno, como el CIS o el CNI.