Protestas en pantalla y en la calle

Los 'viernes negros' se trasladan a IB3 en Baleares por las condiciones de sus trabajadores

Los #DivendresNegre de los trabajadores de IB3

Marcos Méndez

Las televisiones públicas tienen encomendada una vocación de servicio informativo y formativo a la que deben responder. Pero en los últimos años, y por distintos motivos, sus trabajadores han protestado contra sus propias empresas por cómo las injerencias políticas les impiden realizar su labor, o directamente sus condiciones de trabajo son las sacrificadas para lograrlo.

Los “viernes negros” de TVE, por el carácter nacional de la Corporación, fueron obviamente las protestas con mayor foco mediático hasta que la renovación llegó y este tipo de protesta se detuvo. Pero en toda España ha habido otros ejemplos, como el de los profesionales de la TVG gallega por la manipulación informativa o el de Andalucía Directo por sus condiciones “low cost” en Canal Sur.

En IB3 Baleares sus profesionales también sufren los costes de trabajar externalizados, lo que según cálculos del periodista especializado en economía Guillermo Gayà ha supuesto una pérdida del 28% de su capacidad adquisitiva.

Fuentes del comité de empresa explican a Vertele que la plantilla de IB3 cuenta con unos 110 profesionales internos, mientras que el número de externalizados triplica ese número, alcanzando los 350. El grupo más numeroso es el de los periodistas de informativos, y de sus 200 miembros repartidos en las distintas delegaciones de cada isla, más del 90% son externalizados de la plantilla de la cadena pública. Tan solo los jefes (el director de informativos, los editores, y algunos realizadores y productores) son empleados directos de la cadena pública. “Si un día decidiésemos parar, no hay informativo. No pueden, es imposible”, ponen de manifiesto.

Como detalla el sindicato USO, las reclamaciones de los profesionales se alargan ya años, puesto que mantienen el mismo sueldo base que tenían en 2005, y en el 2012 hubo un ERE por el que los que conservaron sus puestos aceptaron rebajarse un 4% de media sus sueldos. “La situación es insostenible”, recalca el comité de empresa refiriéndose a muchos de los empleados subcontratados que hacen posible la cadena pública.

Govern e IB3 se desmarcan, y las subcontratas taponan

Los profesionales de IB3 se encuentran en un complicado triángulo en el que nadie les presta atención ni ayuda. El primer lado es el poder político: en campaña, PSOE y Podemos prometieron internalizar a los trabajadores. Pero una vez han llegado al poder, el Govern “no está por la labor”, nos explica el comité de empresa de IB3. El partido MÉS, socio minoritario del Ejecutivo, al menos sí reclama un calendario para la internalización, pero el PSOE liderado por Francina Armengol alude a dificultades y deja su promesa como incumplida.

Aunque los partidos políticos PI y MÉS per Menorca lograron en las negociaciones con el Govern un aumento de dos millones de euros para las licitaciones en IB3, siendo la internalización una petición inicial para apoyar los presupuestos, se encuentran con el segundo lado del triángulo que les bloquea, la cadena IB3. Ésta, a pesar de que su propio director Andreu Manresa Montserrat califica el sistema de empleo como “anómalo” y reconoce que no le gusta, se lava las manos. El canal público no quiere negociar, y remite a sus trabajadores a alcanzar un nuevo acuerdo de convenio con las distintas empresas que subcontratan a los profesionales. Una vez alcancen esos acuerdos de convenio, sí promete que los próximos pliegos para las contrataciones incluirán mejoras destinadas directamente a los trabajadores.

De esta forma, el tercer lado del triángulo es el de las empresas concesionarias. Empezó siendo una única subcontrata, pero ahora hay hasta cinco. Una disgregación que favorece a las empresas, puesto que logran que las reclamaciones sean diferentes y los profesionales no estén unidos en un solo grupo. Como decimos, el más numeroso es el de informativos, subcontratados a través de la productora Liquid Media, propiedad de Mediapro. El nuevo concurso saldrá entre abril y junio, si hay suerte y no acaba prorrogándose el contra de forma técnica sin realizar un nuevo concurso, como ya ha ocurrido con otras empresas subcontratadas desde el 1 de enero de 2019.

Sus objetivos: recuperación salarial e internalización

Este lunes 20 acabó un acuerdo de mínimos que habían firmado con la empresa para simplemente recuperar una parte del IPC en sus salarios y otras pequeñas mejoras, que la subcontrata aceptó a cambio de garantizar un período de “paz social”. En realidad, un chantaje para impedirles protestar e incluso ejercer su derecho a huelga. Pero aceptaron para no perder las mejoras, mantener sus puestos y poder seguir haciendo su trabajo.

Acabado ese plazo, los periodistas se han unido y han decidido dejar de negociar con la concesionaria, considerando que “IB3 tiene que tomar cartas en el asunto”. Desde finales de diciembre han iniciado sus propios “viernes negros” para dar a conocer su situación, y aseguran que no detendrán sus protestas hasta lograr sus dos objetivos: a corto plazo, una recuperación salarial sustancial que deje de mantenerlos al nivel del 2005, y a medio plazo la internalización o subrogación dentro del ente público.

[ACTUALIZADO] El comité de empresa denuncia a IB3

Tras la publicación de esta noticia, y después de la jornada de protestas y de que se reuniese la asamblea de trabajadores de la cadena pública balear, el comité de empresa ha trasladado otra novedad a Vertele.

Los nueve miembros de este comité de empresa han interpuesto demandas individuales contra IB3 y Liquid Media por cesión ilegal de trabajadores.

El artículo 43.1 del Estatuto de los Trabajadores dice: “La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas”.

En este caso, aunque los profesionales están contratados por Liquid Media (que no es una ETT), prestan su labor para la cadena IB3, lo que les ha animado a presentar estas nueve demandas individuales contra el canal público, que podrían sentar jurisprudencia y allanar el camino del resto de sus compañeros.

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