El Congreso tramita por urgencia, con el rechazo del PSOE, la ley que permitirá privatizar las televisiones autonómicas
La Mesa del Congreso ha aceptado este martes la petición del Gobierno de tramitar por la vía de urgencia, acortando todos los plazos parlamentarios a la mitad, el proyecto de ley que permitirá privatizar las televisiones autonómicas.
Eso sí, la decisión no se adoptó por unanimidad pues el PSOE votó en contra, acusando al Gobierno de haber tenido congelado dos meses el anteproyecto, con los informes preceptivos correspondientes del Consejo Económico y Social (CES) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), para ahora acelerar de golpe toda la tramitación parlamentaria.
El PSOE ha dejado ver su hartazgo por el hecho de que el Gobierno esté abusando, a su juicio, de la figura del decreto ley para aprobar sus proyectos, limitando la capacidad de maniobra de la oposición, y que en el caso audiovisual se agrava con la reforma unilateral de la Ley de RTVE para cambiar la elección de su presidente, un decreto ley aprobado también el pasado viernes.
CiU, el tercer partido con representación en el órgano de gobierno de la Cámara Baja, optó por abstenerse, dejando al PP como único defensor del trámite acelerado de la reforma de la Ley Audiovisual, se informó en fuentes parlamentarias.
Disputa sobre la comisión responsable
Este proyecto de ley generó otra disputa entre 'populares' y socialistas en la Mesa del Congreso pues el PP defendió su remisión a la Comisión de Industria, dado que va firmado por su titular, José Manuel Soria, mientras que el PSOE exigía su debate en la Comisión Constitucional, al ser una reforma de la Ley Audiovisual que allí se aprobó y por afectar a competencias autonómicas. El PP, esta vez con apoyo de CiU, impuso su criterio.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el proyecto de ley de modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 que permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque “no se permitirán desequilibrios en los presupuestos”, según avanzó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Durante la reunión de este martes, el PSOE también ha denunciado no haber sido consultado sobre las personas de la Mesa del Congreso que participarán en un foro parlamentario con Portugal que se celebrará próximamente y al que se ha decidido que acudan los vicepresidentes tercero y cuarto de este órgano: la 'popular' Dolors Montserrat y el diputado de CiU Jordi Jané.
Cuatro foros
Los socialistas han planteado la necesidad de que exista un criterio objetivo y general sobre la participación en este tipo de cónclaves que el Congreso decidió mantener con Portugal, Francia, Polonia y Alemania en la pasada legislatura y que desconocen si continuarán en la presente.
Asimismo, los miembros del PSOE en el órgano de gobierno de la Cámara Baja han planteado la conveniencia de que al margen de que la vicepresidenta primera del Congreso, la 'popular' Celia Villalobos, haya asumido la organización de la diplomacia parlamentaria, debería establecerse un modelo general para gestionar este tipo de foros.
Los trabajadores de Telemadrid y Onda Madrid, contra su cierre o privatización
Los comités de empresa de Telemadrid, Onda Madrid y el ente público de Radio Televisión Madrid (Eprtvm) y las secciones sindicales de CC. OO., CGT y UGT han expresado hoy su “más absoluto” rechazo al cierre o privatización total o parcial de la empresa, la única de comunicación de titularidad pública de la Comunidad, informa Efe.
Así lo indican en un comunicado conjunto emitido, en el que defienden que la existencia de una radiotelevisión pública en la región “independiente del poder político, plural, veraz y de servicio público” es la mejor garantía para el cumplimiento efectivo del derecho constitucional de los ciudadanos a la información y es fundamental para el desarrollo democrático y cívico.
Consideran además que es el motor de la industria audiovisual en la Comunidad. En la actualidad, según sus datos, Radio Televisión Madrid da empleo directo a más de 1.000 personas e indirecto a más de 2.000. Recuerdan que el coste de Telemadrid asciende a 79 millones de euros al año, es decir, un 0,4 por ciento del presupuesto de la Comunidad de Madrid, y que es la televisión autonómica más barata para los ciudadanos de las diferentes comunidades (17 euros al año por habitante).
Por el contrario, critican que el Gobierno de Esperanza Aguirre haya gastado durante el año pasado 111 millones de euros en publicidad institucional (anuncios en televisión y radio), “un 30 por ciento más de lo que cuesta mantener Radio Televisión Madrid”.
Además, apuntan que la deuda de Telemadrid supone el 1,5 por ciento de los 16.191 millones de la deuda de la Comunidad de Madrid del año 2011, los gastos de personal del ente público han descendido el 15 por ciento desde 2007 a 2011.
Señalan que el 70 por ciento del gasto de personal corresponde al 90 por ciento de la plantilla (trabajadores acogidos a convenio), y el 30 por ciento corresponde al 10 por ciento (directivos y contratos de libre designación fuera de convenio).
Y afirman que si la plantilla de Telemadrid se ha reducido en 250 trabajadores (un 25%) desde 2007, los directivos y cargos casi se han duplicado desde 2004, al pasar de 27 a 46, “varios de ellos contratados fuera de convenio para ocultarlos”.
Estos datos, según el comunicado, demuestran que detrás del posible cierre o privatización de Telemadrid y Onda Madrid no hay motivos económicos o de contención del gasto. Los representantes de los trabajadores consideran que la radio y televisión pública madrileña es “perfectamente” viable y puede ser rentable social y económicamente.
Su desaparición o privatización, en su opinión, no supondría ningún ahorro significativo para los presupuestos de la Comunidad y no solucionaría los problemas en educación o sanidad, “por lo que no hay que caer en el engaño de que estas medidas se hacen para salvaguardar los derechos sociales de los madrileños”, advierten.
Para los firmantes del comunicado, lo que hay detrás de estas medidas son motivos ideológicos “defendidos por altos funcionarios que viven del dinero público, pero que no creen en los medios de comunicación públicos y prefieren eludir sus responsabilidades como gestores transfiriendo el dinero de todos los madrileños a manos privadas”.
Por todo ello, solicitan la solidaridad y el compromiso de todos los madrileños en defensa de un medio de comunicación público de gestión transparente e información independiente al servicio de toda la sociedad madrileña “y no de unos pocos”.
