El Consejo Audiovisual será elegido por las Cortes entre profesionales de prestigio

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Teresa Fernández de la Vega, precisó hoy en el Senado que el futuro Consejo del Audiovisual que propondrá el Ejecutivo será “de nueva planta, independiente, con competencias propias, integrado por profesionales del sector de reconocido prestigio elegidos por el Parlamento por mayorías reforzadas para más de una legislatura”. Además, adelantó que, entre las iniciativas legales que emprenderá en la presente legislatura para garantizar la independencia de los medios, figura el Estatuto de la Profesión Periodística y que abordará una Ley de Publicidad Institucional. En su intervención ante el Pleno del Senado, Fernández de la Vega recordó que el Gobierno quiere abordar en esta legislatura la elaboración de un proyecto de Ley General del Medio Audiovisual “para que el sector tenga un marco legal homogéneo y no contradictorio, lo que generará mayor seguridad a todos los actores, desde usuarios a radiodifusores, y establecerá con transparencia las reglas de juego, las condiciones objetivas para operar y el régimen de concesiones”, de modo que se “regule de forma integral la industria audiovisual y se garantice el pluralismo en el sector, mediante el diálogo con todos los agentes”. En esta línea, la principal actuación será la propuesta de creación de Consejo del Audiovisual, “como órgano independiente, que habrá de ejercer el debido control en el sector y garantizar que todos los operadores, públicos o privados -precisó-, llevan a cabo sus actividades según la reglas que nos hayamos dado, en cooperación y respetando los organismos competentes de regulación del audiovisual de la distintas comunidades autónomas”. Así, concretó que ese organismo será “de nueva planta, independiente de otros organismos ya existentes, con competencias propias y cuyos miembros sean elegidos por el Parlamento entre profesionales de acreditada solvencia en el sector mediante mayorías reforzadas y por periodos superiores a una legislatura. Para ello -añadió-, deberá contar con la autonomía de gestión y los medios que hagan lo posible”. Además, Fernández de la Vega adelantó que su Departamento tiene previsto promover un proyecto de ley Publicidad Institucional, “que ponga término a la confusión que a menudo se produce entre información institucional e infamación progubernamental. El Gobierno no va a jugar con las cartas marcadas”, aseguró. Garantizar el libre derecho a la información La vicepresidenta primera recordó que el Ejecutivo, en función de sus tres compromisos electorales (control y respeto en la actuación de los poderes públicos, transparencia en la vida pública y libre y plural información a los ciudadanos), trabajará para asegurar de que los españoles cuenta con “unos medios de comunicación públicos libres, plurales, independientes de cualquier gobierno y de calidad. Por ello -añadió-,se establecerá un régimen jurídico que lo garantice y que favorezca la libre expresión de todas las opiniones y el derecho de los ciudadanos a comunicar y recibir información veraz”. Según explicó, “es absolutamente necesario el fomento de una ciudadanía activa que participe y que pueda pedir cuentas al Estado y a los responsables públicos, por lo que se dará poder a los ciudadanos y se permitirá que la información fluya libremente y sin cortapisas, porque la información es libertad y a mayor información y cultura de la gente, mas libertad y mas calidad de la democracia”, apostilló. Asimismo, se comprometió en nombre del Gobierno a garantizar a los profesionales de los medios públicos “la independencia, el respeto y la solución organizativa y financiera que les permita el buen cumplimiento de la tarea de servicio público que tienen encomendada, en un escenario audiovisual por fin regulado y ordenado y en el que todos los operadores sepan qué se puede hacer y qué no”. En este sentido, recordó que la primera actuación adoptada es la puesta en marcha del Consejo para la Reforma de los Medios de Titularidad del Estado, que en nueve meses dará su dictamen sobre la forma de elegir los directivos, el contenido de programación y el modelo de financiación, que se traducirá en una iniciativa normativa para reformar los medios públicos que se debatirá posteriormente en el Congreso. “El Gobierno no tendrá ni tan siquiera la primera palabra, que corresponde al consejo de expertos y la ultima corresponde a los grupos parlamentarios”. Por su parte, el senador de Entesa Catalana de Progrés, Jordi Guillot, autor de interpelación, instó al Gobierno a “acabar con las prácticas perversas de relación entre poder y medios de comunicación, que han comportado que determinado tipo de gestión del Gobierno se haga a tenor de las afinidades de de tal mayoría gubernamental con tal linea editorial, mediante mecanismos eficaces que lo impidan”. “Con el PP se hizo mal pero llueve sobre mojado”, precisó. Así, Guillot reclamó un nuevo marco legislativo para la nueva realidad del paso de la tecnología digital a la analógica, “que da lugar a nuevos grupos mediáticos”; una ley del audiovisual, “que permita adecuar el maremagnum legislativo actual que crea confusión e inseguridad”; redefinir el concepto de servicio público mediante “un gran debate”; trasladar las competencias de regulación y control que hoy están en manos del gobierno a un Consejo del Audiovisual, y la redefinición del modelo de televisión pública, “sin caer en la batalla por la audiencia”. También consideró importante “empezar a dejar trabajar en paz” a los profesionales de los medios públicos con “el compromiso de, no solo no entrometerse, sino también de crear una serie de figuras que puedan brindar ese trabajo, como estatutos de la profesión periodística o los consejos de redacción, que garanticen la independencia, y no hablar de cirugía laboral o de privatizaciones, porque crea una inseguridad que no merecen los trabajadores”.