El Defensor del Pueblo critica los “reiterados incumplimientos” sobre infancia y publicidad
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, reclama en su último informe anual la necesidad de la “inmediata e imprescindible” implantación de un Consejo Audiovisual Estatal que “logre evitar los aún reiterados incumplimientos en la programación y en la publicidad de las cadenas de televisión”, que, según señala, “continúan infringiendo los límites impuestos”, entre otras cosas, para la protección de la juventud y la infancia.
En su último informe, presentado hoy, el Defensor del Pueblo considera que “la situación actual de esta problemática hace ya imprescindible la implantación inmediata del instrumento de control, que logre evitar los aún reiterados incumplimientos en la programación y en la publicidad de las cadenas de televisión, tanto privadas como públicas”.
En este sentido, señala que los mecanismos legales previstos para regular el funcionamiento y control de los distintos medios de comunicación se encuentran “lejos de gozar de la suficiente eficacia” por lo que recuerda que la institución del Defensor del Pueblo “ya ha recomendado una serie de medidas para garantizar” la protección de derechos del menor y de los espectadores, entre ellas, “la creación de una autoridad independiente”.
Según el Defensor del Pueblo, este nuevo organismo tendría la misión de “ejercer un control efectivo sobre el cumplimiento, por parte de las cadenas de televisión y otros medios de comunicación, de las normas que las regulan”. Por ello, aplaude el texto de la Ley de Reforma de RTVE, que prevé que sea esta autoridad audiovisual la que se encargue de “la supervisión del cumplimiento de la misión de servicio público por parte de la Corporación RTVE, para lo que podrá adoptar las recomendaciones o resoluciones que prevea”.
De esta manera, se recogen parte de las conclusiones del Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado. “Esta previsión supone un positivo avance para la defensa de los derechos constitucionales, así como para garantizar los derechos del público en general a través de una figura ya implantada en nuestro entorno europeo”, señala el defensor del Pueblo.
En el informe anual, la institución se hace eco de las “persistentes quejas que cada día llegan”, de los ciudadanos contra las cadenas, “que continúan infringiendo los límites impuestos para la plena efectividad del derecho constitucional a la protección de la juventud y de la infancia”.
