El Gobierno ejecuta la sentencia del Supremo que anuló el reparto de la TDT
El Gobierno ha aprobado la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo el acuerdo del julio de 2010 del Consejo de Ministros por el que se entregó un múltiple completo -con capacidad para emitir cuatro canales convencionales- a Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo7, Net Televisión y La Sexta por no ser conforme a derecho, según ha informado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
La sentencia obligadevolver entre dos y tres canales por grupo: Mediaset perdería dos; Atresmedia, tres; y Vocento y Unidad Editorial, dos.
La Junta Directiva de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) ha anunciado que “emprenderán acciones legales para impugnar” el acuerdo adoptado del Consejo. UTECA muestra “unánimemente su honda preocupación por las indeseables consecuencias de esta decisión promovida” desde el Ministerio de Industria, y también su firme rechazo y malestar por la forma en que ha sido ejecutada y comunicada.
Necesidad de dejar espacio libre a la llegada de la telefonía 4G
El Gobierno ha acordado “dar cumplimiento estricto” a la sentencia y hacerlo “de manera que se incardine” en el proceso abierto del dividendo digital, por el que se van a mudar algunos canales de televisión de frecuencia en los próximos meses para dejar espacio libre a la llegada de la telefonía 4G de última generación.
El Gobierno de Zapatero no respetó la Ley General de la Com. Audiovisual
En el marco del acuerdo aprobado por el Ejecutivo, “se ajustan los plazos transitorios a lo digital de los distintos canales”, según ha precisado Sáenz de Santamaría. La 'mudanza' de canales dentro del dividendo digital afecta a cadenas de todos los operadores privados e implicará que unos 1,2 millones de edificios en España tengan que modificar en los próximos meses sus antenas para continuar viendo todos las cadenas, con un coste de unos 20 euros por vivienda.
De acuerdo a la sentencia del Supremo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no respetó la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que entró en vigor en mayo de ese mismo año, y asignó a los propietarios de licencias “canales adicionales” en la TDT “sin la realización de concurso público”, tal y como exige la Ley.
