Luz verde al Consejo Audiovisual
El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer remitir al Parlamento andaluz el proyecto de Ley de Creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, convirtiéndose ésta “en la primera iniciativa legislativa del Gobierno regional tras las elecciones”, incidió el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, quien recordó que de esta forma “se cumple uno de los compromisos adquiridos por Manuel Chaves durante la campaña electoral”. “Esta iniciativa pretende convertirse en un referente para el resto de las comunidades”, continuó Zarrías, al tiempo que destacó su “plena independencia y legitimidad, ya que asume una capacidad de decisión propia y competencias sancionadoras”. Para la puesta en marcha de esta ley, similar a la presentada a finales de diciembre y que no llegó a buen puerto al agotarse la legislatura, el consejero llamó a todos los grupos parlamentarios al “consenso” para elegir a los nueve miembros, “el mejor aval para que este órgano tenga la mayor autoridad y pueda así llevar a cabo sus tareas”, apostilló. De acuerdo con el proyecto, el Consejo Audiovisual de Andalucía velará por el respeto a los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales que operen en la comunidad, estará integrado por nueve miembros -elegidos por una mayoría cualificada de tres quintos del Parlamento regional- de reconocido prestigio en los ámbitos científico, educativo, cultural, social y de la comunicación, de los que, a propuesta de la Cámara, el Consejo de Gobierno nombrará al presidente. En este sentido, el consejero de la Presidencia instó a los partidos políticos a que “esa mayoría de tres quintos” se convierta en “cinco quintos, es decir, el consenso total” del Parlamento andaluz. Según destacó Zarrías, “los componentes serán designados respetando el principio de paridad”, por un período de cinco años y con un máximo de dos mandatos, tendrán dedicación exclusiva y su condición será incompatible con el ejercicio de cargos de elección o designación política, actividades en las administraciones públicas y funciones ejecutivas en partidos políticos, sindicatos o empresas, así como carecerán de intereses en empresas audiovisuales o de cine, vídeo, prensa, publicidad, informática, telecomunicaciones e internet. De igual forma, el consejero destacó, de entre las funciones del futuro Consejo Audiovisual, la de asesorar e informar al Parlamento y la Junta sobre la ordenación y regulación del sistema audiovisual y los proyectos normativos relacionados, elaborará informes tanto por iniciativa propia como a petición de los citados órganos, así como deberá vigilar el cumplimiento de los principios relativos al pluralismo, objetividad, libertad de información y libre concurrencia; al tiempo que salvaguardará a aquellos colectivos más vulnerables a los efectos de los medios. Asimismo, recibirá las demandas, sugerencias y quejas formuladas por los usuarios, y se encargará de canalizarlas hacia los órganos competentes. Además, asumirá la potestad sancionadora, en el ámbito de sus atribuciones, por infracciones en materia de contenido y publicidad audiovisuales, actuando también, finalmente, como órgano de conciliación de los intereses de los agentes económicos y socioculturales, con el objetivo de prevenir situaciones de concentración de medios y abusos. No obstante, Zarrías volvió a defender la necesidad de poner en marcha un órgano de estas características a nivel nacional que “sea un paraguas” del resto de consejos autonómicos y avanzó que el Gobierno central tiene intención de aprobar una Ley en este sentido este año, un hecho que, a su juicio, no planteará “problemas de entronque” con el Consejo Audiovisual andaluz, ya que ambos órganos tienen “sintonía de fondo y de forma”.
