Profunda división en el Gobierno por el conflicto de la TDT
La historia de nunca acabar parece más cerca que nunca de su final. En diciembre, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que obligaría a cerrar 9 canales de la TDT. Desde entonces, las cadenas y el Gobierno se encuentran en una situación de “guerra fría” que más bien responde a las diferentes visiones desde dentro del propio Ejecutivo.
Las cadenas aguardan impacientes y explican que “se mantiene la previsión de llegar a una solución satisfactoria, no considerando necesario realizar ningún ajuste”, como expuso Atresmedia en su última memoria y apoya Mediaset, en la misma línea de diálogo para salvar el proceso.
Pese a ello, altos ejecutivos del sector reconocen que el Gobierno no tiene más remedio que implementar el fallo, y mejor antes que después ya que “es cuestión de tiempo”, según recoge El Confidencial.
Las posturas encontradas del ministro Soria y la vicepresidenta dilatan el proceso
Pero la decisión final no radica en las cadenas, sino en el Gobierno. Las posturas encontradas al respecto del ministro de Industria, José Manuel Soria; y de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría son las que están provocando la dilatación del proceso, lo que ya ha generado la dimisión en bloque de los cuatro representantes de los grandes grupos de TV privada en España de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), como recogimos.
La situación se resume así: el ministro defiende que se aplique la sentencia del Supremo, apoyado en los informes de los técnicos de su departamento; mientras que la vicepresidenta quiere evitar la “guerra” con las televisiones y se está encargando de ejercer de interlocutora para atender sus peticiones y reclamaciones sin aplicar el “modelo Soria”, como informa El Confidencial Digital.
“El problema es irresoluble, y la solución inminente”
Pese a los esfuerzos de Sáenz de Santamaría, lo cierto es que todo parece indicar que el Gobierno deberá aplicar la resolución del Supremo. “El problema es irresoluble”, explican fuentes próximas a Moncloa, “y la solución inminente”, confirman otras internas del Ministerio de Industria al primer medio.
Recordemos que en virtud del apagón, Mediaset, Unidad Editorial y Vocento perderán dos canales cada uno; y Atresmedia tendrá que dejar tres. Eso sí, no está claro qué paso dará el Gobierno a continuación, una senda que no está exenta de incertidumbres.
Y es que si, como el sector se teme, Industria aprovecha en Plan Técnico para eliminar los nueve canales pero evita convocar un concurso para reasignarlos, Infraestructuras y Gestión 2002 –la empresa demandante– ya ha dejado claro que irá a la justicia europea para hacer valer las directivas que obligan a que la gestión del espectro deba efectuarse mediante procedimientos “abiertos, transparentes y no discriminatorios”, de forma que se fomente la competencia.
Las televisiones quieren elegir unilateralmente cuántos canales operar
La principal demanda de los grandes operadores, capitaneados por Mediaset y Atresmedia, es que el Gobierno apruebe una nueva ley audiovisual que les permita elegir cuántos canales quieren operar sin imponer un máximo, como explica el segundo medio.
Es decir, Mediaset y Atresmedia quieren disponer de un espacio suficiente en los múltiplex para decidir, unilateralmente, qué canales desean tener. En ambos grupos coinciden en que algunas marcas que emiten ahora no son rentables y desaparecerán en un futuro.
El dividendo digital, otra batalla activa desde el 1 de enero de 2015
La resolución de la TDT no es el único “problema digital” que tiene en la actualidad el Gobierno. Además de las demandas de las televisiones, el Ejecutivo tendrá que reordenar el espacio eléctrico ya que el 1 de enero de 2015 entra en vigor el llamado dividendo digital. Las TDTs tendrán que dejar espacio a las telecos, por lo que habrá una nueva configuración.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ya aseguraba a principios de enero que la hoja de ruta para el dividendo digital iría en breve al Consejo de Ministros. Entrado marzo, el Gobierno aún no se ha pronunciado. El proceso para la liberación de esa parte del espectro radioeléctrico, actualmente ocupado por las televisiones, permitirá a las compañías de telecomunicaciones –que ya han pagado por él– utilizarlo para servicios de banda ancha (4G).
Aunque inicialmente estaba previsto que el trasvase estuviera realizado el 1 de enero de 2014, con un año de transición, el proceso se encuentra actualmente fuera de todo plazo marcado inicialmente por el Ejecutivo. Al menos debería estar listo en el inicio de 2015.
