El Supremo rechaza paralizar la aportación de las telecos a RTVE
El Tribunal Supremo ha rechazado en tres autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, paralizar la aportación de los operadores de telecomunicaciones al presupuesto de RTVE, tal y como solicitaban Telefónica, Vodafone y Ono.
Los tres recurrentes reclamaban la suspensión cautelar de los aspectos del Real Decreto de desarrollo de la Ley de Financiación de RTVE que afectan a la aportación de los operadores de comunicaciones electrónicas al presupuesto de RTVE.
A juicio de estos operadores, estas disposiciones “no se ajustan a los principios constitucionales de la Directiva Europea de autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas”, además de “no someterse al principio constitucional de reserva de la Ley, al extralimitarse en la definición del sujeto pasivo obligado a realizar la aportación y establecer una nueva obligación tributaria no recogida en la Ley”.
Además, justifican la necesidad y urgencia de la medida cautelar al entender que la ejecución de la norma supone un “daño económico actual y futuro” y que afecta a su posición competitiva con respecto a aquellos operadores que no están obligados a hacer esta aportación.
Sin embargo, el Alto Tribunal considera que el riesgo o peligro que denuncian los recurrentes para pedir la suspensión cautelar “puede ser minimizado o eliminado acudiendo a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones”, a la que la Ley apodera para fraccionar o aplazar los pagos. Además, establece que “el interés público que subyace en las normas impugnadas es indudable”.
“La suspensión de las normas impugnadas determinaría que la aportación por parte de los operadores de telecomunicaciones no se produciría durante un periodo dilatado de meses y años debiendo incrementarse en los Presupuestos Generales los correspondientes partidas para suplir aquella carencia, con el consiguiente detrimento y perjuicio para los intereses generales que demandan en el momento presente una especial contención del gasto público”, advierte.
En definitiva, el Supremo entiende que la suspensión de los preceptos impugnados “supondría una grave perturbación de los intereses públicos, en general, en tanto que la irreparabilidad o irreversibilidad de los perjuicios que la medida cautelar podría evitar tampoco queda suficientemente acreditada”.
Jáuregui, satisfecho con la resolución
Por su parte, el Ministerio de Presidencia señala en un comunicado que la eventual estimación de la pretensión de estos operadores de telecomunicaciones de suspender su aportación a RTVE habría hecho necesario reformular el presupuesto de la Corporación hasta la resolución definitiva de la demanda formulada por dichos operadores, con los “evidentes perjuicios” que ello hubiera supuesto para la viabilidad de RTVE.
De este modo, el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, considera que el nuevo sistema de financiación deriva de la exclusión de la publicidad de RTVE, lo que hace obligada la aportación de los operadores que, “tanto en el ámbito de las telecomunicaciones como de la televisión privada, se están viendo beneficiados por esta decisión”.
Asimismo, ha expresado su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo y se ha mostrado convencido de la “plena legalidad” del modelo de financiación de la corporación, que “garantiza la sostenibilidad económica de unos medios públicos independientes, plurales y al servicio de los ciudadanos”.
Redtel afirma que la decisión “no cambia en nada la situación”
La Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones con Red Propia (Redtel) considera que los autos del Tribunal Supremo que rechazan la petición de paralizar la aportación de los operadores de telecomunicaciones al presupuesto de RTVE “no cambian en nada la situación”, ya que únicamente se está pronunciando sobre la solicitud de suspensión de pago de la tasa.
Así, Redtel señala que, teniendo en cuenta que ya se han realizado los pagos correspondientes a 2010, la decisión sobre la suspensión cautelar “no cambia la situación ni prejuzga el resultado de los contenciosos abiertos, tanto a nivel europeo como a nivel español”.
Además, los operadores subrayan que han puesto en marcha medidas jurídicas para la defensa de sus intereses, tanto en el ámbito nacional como en el comunitario, y recuerdan que Bruselas ya se ha pronunciado sobre la ilegalidad de la tasa y está recurrida la medida ante los Tribunales españoles por motivos de inconstitucionalidad.
La asociación también insiste en calificar la tasa de financiación de RTVE con la que se pretende someter al sector como “injusta, desproporcionada, dañina e ilegal para un sector estratégico para el desarrollo del país que, además, se enfrenta a un gran esfuerzo inversor”.
Además, subraya que se trata de una “medida injusta” ya que el sector en ningún modo se verá beneficiado por la eliminación de la publicidad en la televisión pública, “como ya se ha comprobado en los meses transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley”.
Igualmente, destaca que el impuesto “es desproporcionado”, porque carga a los operadores de telecomunicaciones con el 50% de la financiación de la televisión pública y supone un gravamen del 0,9% de los ingresos, cuando el total de sus ingresos por servicios audiovisuales supone un 1% de los ingresos totales“.
Así, los operadores miembros de Redtel, que representan al 80% del mercado español de las telecomunicaciones, consideran que una medida como la que ha puesto en marcha el Gobierno “daña seriamente los planes de inversión y empleo del sector, especialmente en el contexto actual de crisis económica, al que estas compañías no son ajenas”.
