El Tribunal Supremo decidirá el futuro de la TV en España
Poco después de que el Gobierno se viese obligado a ampliar el plazo para la nueva antenización de la TDT, el sistema de la Televisión Digital Terrestre que se implantó en nuestro país en el año 2010 dirime su futuro en el Supremo. El Tribunal tiene sobre la mesa un alud de recursos que afectan al futuro de la televisión, como informa El País.
Para empezar, están en liza ocho canales privados que fueron otorgados sin concurso público. Y además, los dos grandes operadores (Atresmedia y Mediaset), y varias comunidades autónomas han recurrido el Plan Técnico Nacional de la TDT, que regula la nueva distribución de los programas como consecuencia de la liberalización del llamado dividendo digital, la banda de frecuencias que se destinará por acuerdo europeo a servicios de Internet móvil ultrarrápido.
Este Plan adjudicará por concurso cinco nuevos canales de cobertura nacional
Aprobado en septiembre pasado, este plan abre la puerta a la adjudicación (esta vez mediante “el procedimiento de concurso”) a nuevos canales de cobertura nacional. Industria ya ha avanzado que serán cinco: uno en formato estándar y cuatro en alta definición, que ofrece una mayor calidad de imagen y sonido.
Esta ampliación de la oferta audiovisual viene a compensar la anulación de nueve canales, otorgados durante el Gobierno socialista a los operadores privados. Tras la sentencia del Supremo, el pasado mayo apagaron La Sexta 3, Xplora, Nitro, Nueve, La Siete y varias teletiendas.
Además de Atresmedia y Mediaset; Cataluña, Canarias y Andalucía critican este Plan
Además de los recursos presentados por los dos principales grupos audiovisuales, Industria se ha topado con la oposición de Cataluña, Canarias y Andalucía. Estas comunidades critican la forma en la que se ha confeccionado el Plan Técnico: “No se ha cumplido la Ley Audiovisual, que dice que las comunidades tienen que ser escuchadas en el proceso de planificación del espectro”, afirma David García Ostos, director general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía.
Hay también otro motivo de fondo: El Gobierno les ha quitado a las comunidades un múltiple completo, de modo que ahora tienen cuatro canales menos en sus respectivos ámbitos de cobertura. “Este recorte lastra nuestro sistema audiovisual y la capacidad de crecimiento del sector”, añade García Ostos.
Emitir en HD será casi imposible para los operadores regionales
A partir de ahora, los operadores regionales tendrán muy difícil ofrecer señales de alta definición. De hecho, la televisión autonómica catalana TV3, que ha perdido un múltiple por el dividendo digital, ha decidido sortear esta merma alquilándole una licencia a Emissions Digitals de Catalunya (Grupo Godó) para emitir su parrilla con mayor calidad de imagen.
El Consejo Audiovisual de Cataluña ha autorizado la operación, que tiene carácter “provisional y excepcional”, y se justifica por el interés público que supone para TV3 las emisiones en alta definición. El acuerdo tiene un plazo mínimo de vigencia de 18 meses y un máximo de cuatro años.
Las emisoras locales como TeleK también presentan alegaciones contra el Plan
Los recursos autonómicos se unen a los de la emisora local TeleElx, la empresa Infraestructuras y Gestión 2002 —que propició la anulación de nueve canales en diciembre de 2013— y, de forma conjunta, la Red de Medios Comunitarios, la Federación de Asociaciones para el Desarrollo Comunitario de Vallecas (que explota TeleK) y RTV Cardedeu.
Ambas emisoras locales, que llevan en antena más de dos décadas pese a no tener una licencia en propiedad, alegan que el Plan Técnico no ha reservado espacio radioléctrico para las televisiones comunitarias sin ánimo de lucro, vulnerando así una disposición transitoria de la Ley Audiovisual de 2010.
TeleK -que recordemos difunde el programa 'La Tuerka' presentado por Pablo Iglesias-, presentó ayer un escrito ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en el que anuncia que seguirá emitiendo por el canal 30, “a pesar de la omisión de los medios comunitarios en la nueva planificación” de la TDT. Su director, Francisco Pérez, reclama una frecuencia y denuncia que el Gobierno aplica una “ley mordaza digital”.
