Zafarrancho de combate en TV: todas las claves

El Gobierno ha ejecutado hoy por sorpresa una sentencia del Supremo que el sector privado de televisión considera “una cacicada”. En total se anularán nueve licencias de TDT que tendrán que repartirse de nuevo.

El Consejo de Ministros ha decidido anular hoy el reparto de canales de TDT realizado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en julio de 2010.

El Gobierno de Mariano Rajoy ejecuta una sentencia del Tribunal Supremo, que deja sin efecto un acuerdo de Consejo de Ministros que asignaba un múltiplex digital de cuatro canales y cobertura nacional a seis empresas privadas con licencia para emitir en TDT.

UTECA, la asociación que agrupa a las cadenas comerciales de televisión, recurrirá la anulación de licencias, “que sitúa a los operadores de televisión y a todo el sector audiovisual” – según un comunicado que ha hecho público hoy- en una “situación de inseguridad jurídica sin precedentes”.

¿Quién pierde canales?

La sentencia del Tribunal Supremo anula nueve licencias:

- Mediaset (la empresa que agrupa ahora a Cuatro y Telecinco) perdería dos canales.

- Veo TV (que pertenece al grupo editor del diario El Mundo (Unidad Editorial) perdería también dos canales

- Net TV (propiedad de Vocento) perdería otros dos canales.

- Atresmedia (empresa resultante de la absorción de laSexta por Antena 3) se quedaría sin tres canales

¿Por qué se ha anulado el reparto de canales?

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, lo justifica, lisa y llanamente, por el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulos los acuerdos de reparto de canales. Al mismo tiempo argumenta la necesidad de avanzar hacia el llamado “dividendo digital”, que se completará en los próximos meses, y que previsiblemente dará más espacio radioeléctrico a los operadores de telecomunicaciones.

Las cadenas privadas, en pie de guerra

A UTECA, por su parte, no le gusta ni el fondo ni las formas. Apunta con el dedo al Ministerio de Industria y no entiende – tal como señala en un comunicado- la forma en que la sentencia ha sido ejecutada y comunicada.

La asociación de televisiones privadas afirma en su comunicado que: “no se puede entender que habiendo transcurrido tres meses desde el conocimiento de la sentencia, se haya acordado su ejecución de forma sorpresiva y contradictoria a los mensajes previamente transmitidos”.

Inseguridad jurídica

¿Cuál es el fondo del conflicto?

Todo nace de una improvisación. El Gobierno Zapatero no desarrolló en tiempo y forma el Real Decreto de concesión de las nuevas licencias, que entró en contradicción con la Ley General Audiovisual que dejaba muy claro que se tenía que ir a concurso para optar a nuevos canales.

Como no se convocó el correspondiente concurso al haberse cruzado el Real Decreto y la Ley, hubo reclamaciones (recurso de la empresa Infraestructuras y Gestión 2002 ) y el Tribunal Supremo dictó la sentencia de anulación, para sorpresa del sector.

¿Chantaje?: Cabreo generalizado entre operadores privados

Hay unanimidad entre los grupos privados de televisión: cabreo generalizado. Aunque nadie quiere hacer declaraciones públicas porque se sienten representados por Uteca, los operadores consideran que el Gobierno toma la decisión con nocturnidad y alevosía, en el momento en que empiezan la vacaciones de Semana Santa. Se considera la ejecución de la sentencia casi como una declaración de guerra.

¿Por qué? El sector de la televisión, que coincide casi con las grandes empresas editoras de periódicos y propietarias de cadenas de radio, considera que es un aviso a navegantes por el grado de beligerancia informativa que tienen los medios de comunicación en algunos temas sensibles para el Gobierno y el Partido Popular (caso Bárcenas, por ejemplo) y hablan en privado, con la boca pequeña, “de una cacicada al estilo Hugo Chávez”.

Fuentes cercanas a las cadenas de televisión consideran que el sector más radical de Partido Popular (el ministro de Industria, José Manuel Soria; el de Hacienda, Cristóbal Montoro) ya habían lanzado avisos a diestro y siniestro, incluso faltando a la confidencialidad fiscal, advirtiendo a periódicos, tertulianos, actores y partidos políticos sobre sus obligaciones tributarias.

La decisión que se ha ejecutado ahora anulando licencias va en la misma línea y se considera una clara medida de presión. Es un acuerdo legal, pero consecuencia de un defecto de forma, se podía haber arreglado de manera distinta y consensuada.

Net y Vocento, lo más perjudicados

Las empresas más perjudicadas por la decisión del Gobierno serían Net y Vocento, que tienen canales alquilados a terceros por lo que perciben un dinero muy importante (cerca de 7 millones euros en el caso de los dos de Vocento).

A través de las licencias de Vocento se emiten Disney Chanel, Intereconomía, Paramount y MTV (las dos últimas, alquiladas).

A través de las licencias de Net se emiten Marca TV, 13 TV (la cadena católica), Discovery Max y AXN (ésta última en TV de pago).

Más embrollo: hay que resintonizar

La ruta hacia el dividendo digital, para acabar de complicar las cosas, obligará a todos los operadores privados a mudar nuevamente sus canales de frecuencias y habrá que resintonizar nuevamente más de un millón de edificios en toda España, coste que pagarán – como no- lo usuarios.

¿Nuevas licencias para cadenas “más amigas”?

Con las licencias que se han anulado pueden pasar dos cosas: que se convoque un concurso, de acuerdo con lo que marca la Ley, para volverlas a dar, o que se retiren del mercado para dar más espacio radioeléctrico a las empresas de telecomunicaciones.

Si se vuelve a convocar el concurso, los rumores apuntan a que podrían ser favorecidos algunos grupos muy cercanos al gobierno actual. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal, que explota 13 TV. Por otra parte la semana pasada saltó la noticia, anunciada por el propio José Luis Moreno, que el mencionado productor televisivo iba a explotar pronto un canal de televisión, con lo que su nombre se ha unido también, de forma justa o injusta, a la decisión de hoy.

En este reparto se comenta también que RTVE podría ser obligada a abandonar alguna de las licencias que está explotando en la actualidad.

En cualquier caso, el lío ya está en la calle. Ahora hay una moratoria hasta el momento en que se ejecute la sentencia. Mientras tanto, el Gobierno se sentará con unos y con otros y pondrá sus condiciones en la negociación.