Sus trabajadores mantienen las denuncias

Canal Sur acumula polémicas por su delegada en Madrid y los cambios en informativos

Sede de RTVA

Marcos Méndez

Canal Sur mantiene una preocupante trayectoria que ha alcanzado en el mes de abril su ejemplo más claro, cuando la cadena autonómica andaluza marcó la peor audiencia mensual de toda su historia.

Los trabajadores de la cadena siguen denunciando sus prácticas de manipulación para favorecer los intereses del gobierno andaluz de PP y Ciudadanos con apoyo de Vox. El director de informativos Álvaro Zancajo continúa como el centro de las críticas, y a él se dirigen también las denuncias “externas” del Sindicato de Periodistas Andaluces, el PSOE andaluz, periodistas de CC.OO. en Andalucía y hasta la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Pese a ello, los consejeros de PP, Ciudadanos y Vox en RTVA tumbaron la petición de cese de Zancajo.

Mientras las audiencias no dan la razón a los cambios emprendidos por la nueva dirección de la cadena pública, que ya recogimos en el mes de febrero, en estos tres meses las polémicas han seguido creciendo tanto a nivel interno en la delegación de Madrid y en informativos, como a nivel externo por el polémico decreto que quiere aprobar el Gobierno andaluz, y que quita competencias al Consejo Audiovisual de Andalucía además de normalizar la publicidad privada e institucional en televisiones y radios pirata.

Problemas en la delegación de Madrid:

Tras el nombramiento de Juande Mellado como nuevo director general, la llegada de Álvaro Zancajo a la dirección de informativos no fue el único cambio. También optó por nombrar una nueva delegada de Canal Sur en Madrid, tras más de 26 años de Mercedes Fonseca en ese puesto.

En su lugar el director general del ente nombró a María del Carmen Torres, otra periodista externa que trabajaba en El Independiente. Pero su labor como delegada en Madrid también avanza a ritmo de polémicas.

La última, después de que los votos de los consejeros de PP, Ciudadanos y Vox en el consejo de administración del ente andaluz aprobasen aumentarla el sueldo un 30%: de 56.187,86 euros, hasta los 73.450,36 euros; un aumento de unos 17.000 euros que supone que cobre más que el Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Algo que ha sido denunciado repetidas veces por la Agrupación de Trabajadores de Canal Sur:

Además, otro aspecto de las condiciones de su contrato ha causado malestar y ha sido denunciado por la plantilla. Fuentes consultadas por Vertele explican que las dos anteriores delegadas de Canal Sur en Madrid trasladaron su domicilio a la capital para poder trabajar. Sin embargo, Carmen Torres pasa la mitad de la semana en Madrid y la otra mitad en Sevilla. Esta situación, agravada por el coronavirus, ha hecho que los propios trabajadores de Canal Sur denuncien cómo está engañando a la audiencia haciendo directos como si estuviese en Madrid (indicándolo en los rótulos), pero en realidad siendo desde su casa en Sevilla:

Por si fuera poco, el ambiente de trabajo en la delegación de Madrid también ha saltado por los aires. Carmen Torres está al frente de un equipo de nueve profesionales (cinco de ellos, periodistas), y aunque su labor debe ser de gestión, quiere asumir funciones periodísticas. Por eso pidió que nombrasen otra coordinadora más que asumiese esas labores de gestión, para ella poder ponerse al frente de las labores periodísticas.

Como contó elplural, esta invasión de competencias se ganó el enfrentamiento de los miembros de la delegación. La respuesta de Carmen Torres fue dirigirse al director de Recursos Humanos de RTVA para solicitar que se abra expediente a tres de sus trabajadores por acoso laboral.

En defensa de los profesionales señalados por Carmen Torres ha salido la Agrupación de Trabajadores de Canal Sur, incidiendo en que ha sido “por el simple hecho de decirle la verdad: que la Delegación de Madrid no necesita dos coordinadoras para la plantilla que tiene. Y que los compañeros que allí desempeñan su tarea llevan 31 años 'haciendo periodismo' mal que le pese a la nueva delegada”. También les defendió la sección sindical de CGT-RTVA, denunciando que se quieren “acallar las voces disidentes bajo algo tan serio como el acoso laboral”. De hecho, Recursos Humanos de Canal Sur no ha admitido la petición de la delegada.

Problemas en informativos:

La llegada de Álvaro Zancajo y el nombramiento también de la hasta ese momento jefa de prensa de Ciudadanos en Andalucía, Desiree García-Escribano, como su número dos en informativos, ha generado también muchos cambios de puestos y responsabilidades dentro de la plantilla.

Aunque tras renovar la cúpula con periodistas externos, a nivel interno Zancajo ha optado por ascender y situar a trabajadores que ya estaban en la casa, se está generando un problema ya que todos los profesionales a los que se está degradando de distintos puestos son trasladados a la sección de “Programas”, que no para de engrosar su número de trabajadores. Sus huecos han sido ocupados por otros compañeros en los que Zancajo ha depositado su confianza a nivel personal, ya que García-Escribano permanece de baja por maternidad.

El principal ejemplo quizás lo ha protagonizado una de las profesionales más reconocidas dentro de la plantilla de Canal Sur, Ángela Blanco. Hasta hace poco era la jefa de economía en la cadena, pero Zancajo la cesó la semana pasada. La decisión generó las protestas de la plantilla, ya que Ángela Blanco es “muy considerada y respetada”, como explican fuentes a Vertele; e hizo que el director general Juande Mellado desautorizase la decisión de Zancajo. Al final ha sido la propia periodista la que ha decidido dejar su puesto, al verse en el fuego cruzado político entre Mellado por parte del PP andaluz y Zancajo y su supuesta cercanía con el PP de Madrid.

Polémico decreto sobre el CAA y los medios piratas:

Como decimos, a nivel “externo”, una decisión política también afecta a la RTVA. El pasado 9 de marzo el Gobierno andaluz aprobó, por la vía rápida y sin debate parlamentario, un decreto que quita competencias al Consejo Audiovisual de Andalucía, y que además normaliza la publicidad privada e institucional en televisiones y radios pirata.

Ese decreto quita competencias al CAA como autoridad audiovisual y entorpece su línea de trabajo de varios años contra las emisiones ilegales, ya que modifica sustancialmente algunos artículos de la Ley Audiovisual andaluza permitiendo, por ejemplo, la contratación de publicidad pública y privada en las emisoras y televisiones sin licencia, las conocidas como “piratas”.

Pero es que además también prevé la externalización de los informativos en las televisiones municipales y la emisión en cadena de las emisoras locales cuyos contenidos ya no tendrán que ser obligatoriamente de proximidad, como detalló eldiario Andalucía.

Asociaciones profesionales pidieron por ello al Consejo Audiovisual de Andalucía que se pronunciara ante este decreto, pero sorprendentemente el CAA se sacudió la petición del sector, dejando sin respuesta la reclamación firmada por más de 20 asociaciones del ámbito audiovisual. Cinco de los nueve miembros del CAA tomaron esta decisión apoyándose en la tesis de que este organismo no debe pronunciarse sobre una norma ya aprobada por el Parlamento, limitando sus competencias a cumplir y hacer cumplir la ley. Los otros cuatro miembros se opusieron a esta decisión y anunciaron un voto particular, incidiendo en que existe normativa de sobra en la que sustentar la capacidad del CAA para emitir una opinión ante procesos legislativos que le afecten.

Este decreto, que ha generado las reacciones de todo el sector audiovisual andaluz, ha sido ya aprobado por PP, Ciudadanos y Vox, pero se encuentra actualmente paralizado porque el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra dos de sus artículos.

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