Se debatirá la reforma de la Ley

Ciudadanos quiere que el control económico de Telemadrid no dependa del hombre fuerte de Ayuso

Sede de Telemadrid

Este jueves 4 de marzo ha sido, de nuevo, un día importante para el futuro de Radio Televisión Madrid. Como ya recogimos, a finales de enero Ciudadanos registró una modificación de la Ley de Telemadrid para asegurar su "autonomía" económica y evitar que esté bajo el control de la Consejería de Hacienda mientras se negocia el contrato-programa.

Ciudadanos registra una modificación de la Ley de Telemadrid para asegurar su "autonomía"

Ciudadanos registra una modificación de la Ley de Telemadrid para asegurar su "autonomía"

Esta reforma de la Ley podría haberse aprobado directamente mediante una tramitación por vía de urgencia, pero el PSOE no votó a favor y provocó las críticas de los sindicatos del ente. Agotada esa vía, este jueves se ha debatido y votado la toma en consideración de la reforma legal.

A última hora de la tarde del jueves, la propuesta fue aprobada con los votos a favor de Ciudadanos y los partidos de izquierda PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Vox se abstuvo, mientras el PP, tras escenificar estar de acuerdo con Ciudadanos incluso agradeciendo a su socio de Gobierno poder "mejorar" la Ley, finalmente votó en contra.

Ahora se iniciará un periodo de enmiendas tras el cual quedará lista para debatirse formalmente en el pleno. Una tramitación política que podría demorar su aprobación unos meses.

El contrato-programa sigue en disputa

El objetivo de esta reforma es que no se repita la situación que actualmente vive Telemadrid. Las relaciones jurídicas y financieras del ente público con la Comunidad se articulan en base al contrato-programa, como establece la Ley de RTVM. Estos contratos-programa duran tres años, y el último suscrito para el período 2018-2020 expiró el 31 de diciembre.

Pese a que desde noviembre hubo conversaciones para renovarlo, la CAM (que es la accionista única del ente) sólo propuso un recorte presupuestario de casi 10 millones de euros que provocó que no fructificase. El 2021 se inició sin contrato-programa, y el Gobierno de Ayuso aprovechó esa falta de acuerdo para no dar ni un solo euro de financiación a Telemadrid, provocando su ahogo económico.

Fruto de esa decisión, Telemadrid tuvo que pagar las nóminas de enero con sus reservas de liquidez. Sólo tras hacerse pública su situación, que amenazaba con la suspensión de pagos a proveedores y productoras que prestan servicios para el ente, y por lo tanto poner en riesgo los empleos que dependen de ellas, el Gobierno de Ayuso aceptó cumplir la ley y retomar la financiación.

Durante el mes de enero, la dirección del ente público se dirigió a distintos estamentos de la Comunidad para pedir el aporte presupuestario, sin respuesta. El 1 de febrero, y ya tras haber tenido que pagar las nóminas con sus reservas, el director general del ente José Pablo López pidió por escrito un adelanto de 10 millones de euros, que la CAM finalmente tuvo que otorgar para no seguir saltándose la ley, que establece que bajo ninguna circunstancia puede dejar de financiar a su servicio público audiovisual.

Una reforma por "la independencia y autonomía"

Mientras el contrato-programa sigue negociándose, con las posturas todavía distantes, esta propuesta de reforma de la Ley de Telemadrid plantea que la financiación del ente público deje de estar bajo el control de la Consejería de Hacienda, encabezada por el hombre fuerte de Ayuso Javier Fernández-Lasquetty.

La reforma tiene como objetivo mantener "la independencia y autonomía de Telemadrid", tal y como figura en la ley de despolitización aprobada por unanimidad de los grupos políticos la pasada legislatura, incluido el PP, a iniciativa de Ciudadanos, explicaron a Europa Press fuentes de la formación 'naranja'.

"Es esencial garantizar un marco estable de funcionamiento a Radio Televisión Madrid que le permita continuar con su actividad pese a que no se hubiera formalizado un nuevo contrato-programa llegada la fecha de vencimiento de la anterior. Las circunstancias y el calendario de esa nueva negociación pueden verse influidos por hechos ajenos a la obligación inherente a la prestación de ese servicio público esencial que debe seguir ejecutándose con independencia de todas esas vicisitudes", sostiene Ciudadanos en la reforma de esta normativa.

Sólo el PP vota en contra, con abstención de Vox

En el debate de la Asamblea, Ciudadanos ha mantenido su defensa de un marco legal que permita las radiotelevisiones públicas libres e independientes, tanto a nivel nacional (refiriéndose al concurso público de RTVE) como a nivel regional, poniendo como ejemplo el cambio en Telemadrid y la mejoría en sus audiencias. Y ha pedido el apoyo del resto de formaciones para aprobar la reforma legal.

Vox, representado por Ana María Cuartero, se ha abstenido y ha acusado al resto de partidos de que lo único que quieren es repartirse las cuotas de poder en los medios públicos, ejemplificando de nuevo con RTVE.

A favor han estado los partidos de izquierda. Vanessa Lillo como portavoz de Unidas Podemos ha anticipado su apoyo a la reforma añadiendo que presentarán una enmienda para regular también las contrataciones y externalizaciones. Por parte de Más Madrid, el diputado Hugo Martínez Abarca también ha anunciado su apoyo a la reforma, anticipando que presentarán enmiendas para evitar que se repita la situación actual al no renovarse el contrato-programa y que así Telemadrid no dependa del Gobierno de la CAM.

Martínez Abarca ha alabado la valentía de Ciudadanos al presentar esta reforma, teniendo en cuenta que forman el Gobierno regional junto al PP y lamentando que "ya sabemos cómo se las gastan", recordando cómo filtraron el vídeo de Cifuentes "para cargársela". Desde la bancada popular le han increpado, por lo que él ha asegurado que "son ustedes una mafia y llevan funcionando como una mafia 25 años", y ha tenido que pedir al Presidente de la Asamblea que llamase al orden y le permitiese seguir hablando: "El diputado Serrano me ha llamado tres veces bocazas, y usted no le ha llamado al orden ni una sola vez".

Por parte del PP, Almudena Negro ha agradecido a Ciudadanos poder "mejorar" esta Ley, pese a votar finalmente en su contra. En el debate anunciaron que votarían a favor de abrir una comisión, pero en contra de la enmienda presentada por Ciudadanos, su socio de gobierno. Tras ello, centraron sus críticas en la dirección de Telemadrid por, según su versión, haber provocado que no se haya renovado el contrato-programa, y no obtener resultados pese a la numerosa plantilla y su elevada partida presupuestaria.

El PSOE, con José Ángel Gómez-Chamorro como portavoz, ha explicado que la Ley de RTVM necesita "una renovación y un estudio tranquilo y sincero", por lo que votaron no a su tramitación de urgencia, pero que se requiere renovar el contrato-programa, y para que esa situación no vuelva a repetirse también votó a favor. Además, incidió en que esta reforma permitirá también despojar de las competencias en materia laboral a los hombres de Ayuso.

Satisfacción en Telemadrid

Fuentes próximas al Consejo de Administración de Telemadrid recalcan que el Gobierno de Ayuso "hace ya dos meses que dispone del borrador de Contrato Programa, y no ha habido ningún avance en la negociación". "Nos han llamado negligentes por no enviar el contrato antes de finalizar 2020 y ahora llevan dos meses sin ser capaces de negociarlo seriamente. Esto evidencia que el problema no era el envío del contrato programa sino la falta de voluntad de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez en llegar a un acuerdo. No creen en esta televisión pública porque ahora las decisiones se toman en Telemadrid y no en el despacho de un político".

Estas mismas fuentes señalan que "ni Ayuso ni Miguel Angel Rodríguez tienen intención de llegar a ningún acuerdo. Únicamente aspiran a un reparto de la tele pública como lo que se ha visto recientemente en RTVE". También se apunta a las que pueden ser las intenciones del Gobierno con su retraso en la negociación del contrato-programa: "Se está buscando asfixiar económicamente la empresa para que tengamos que ceder y que el Director General se vea obligado a firmar el contrato aunque no le guste".

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